AMP***Federales arrestan a recaudador del PPD Anaudi Hernández
AMP***Federales arrestan a recaudador del PPD Anaudi Hernández
ATENCIÓN EDITORES: Se incluyen más datos sobre la conferencia de prensa.
Mariana Cobián
mariana.cobian@gfrmedia.com
Twitter: @mariana_PH
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), arrestó esta mañana al empresario y recaudador de fondos de campaña del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi J. Hernández Pérez, y a otras nueve personas entre las que figuran una funcionaria de La Fortaleza, el administrador de la Cámara de Representantes, y la directora de la Oficina de Compras y Logística de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Estos son Sally López Martínez, quien también fue administradora de la Administración de Derecho Laboral en el Departamento del Trabajo, Xavier González y Sonia Barreto.
Además, están bajo custodia de los agentes federales Glenn Rivera Pizarro, ayudante operacional de la Cámara de Representantes, Víctor Rafael Burgos, exempleado del mismo cuerpo legislativo; Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA; su hermana Marieli Falcón, Javier Muñiz y Carlos Luna.
Según indicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, un gran jurado emitió ayer, miércoles, un pliego acusatorio de 25 cargos contra Hernández Pérez y otras 9 personas por cargos de soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para fraude electrónico, soborno y extorsión por actos cometidos desde el 2012 hasta el momento, que les rindieron un beneficio de más de $2 millones. La fiscal agregó que estas personas crearon compañías después de las elecciones pasadas, muchas de las cuales no tenían el peritaje necesario para lo que fueron contratadas.
Las agencias afectadas por el esquema descrito por Rodríguez, fueron la Administración de Desarrollo Laboral, la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Las penas aplicables en este caso, según señaló la funcionaria federal, son cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.
"El amiguismo político nos ha ido vaciando las arcas gubernamentales. Hoy el pueblo paga negociaciones debajo de la mesa. Se hicieron contrataciones del mejor conectado y no el mejor postor. Volvemos a ver como servidores públicos olvidan deberes ministeriales a...
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