Amplios recortes en gastos
A pesar de que el presupuesto del Fondo General para el próximo año fiscal ronda los $9,562 millones, las partidas operacionales son, por mucho, menores, rondando los $7,300 millones, según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Iván Marrero.
Ante este escenario, el 65% de las partidas con asignaciones del Fondo General reciben recortes en la propuesta presupuestaria del gobernador Ricardo Roselló Nevares. El 20% tiene asignaciones iguales a las del año fiscal que está por terminar.
Por otro lado, solo el 15% de las instrumentalidades o agencias tienen algún tipo de alza. Entre las más significativas está un aumento de $50 millones (la asignación total es de $90 millones) para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y una partida de $60 millones para los gastos de la la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La mayor parte de este dinero se utilizará para pagar los abogados que llevan los casos de ajuste de deudas bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), explicó Marrero.
“Esos son los gastos de los litigios. Eso es lo que cuesta la quiebra inicialmente. Si me preguntas a mí, a la larga, va a ser mucho más que eso”, dijo Marrero en una entrevista con El Nuevo Día sobre el presupuesto.
La diferencia entre los gastos operacionales y el monto total del presupuesto tiene una gran explicación: el fin de los activos en dos de los sistemas de retiro del gobierno.
Normalmente, las pensiones de los jubilados eran pagadas con el dinero que el gobierno recibía de las inversiones en los mercados de capital. A esto se le añadían las aportaciones de los empleados y del gobierno a los sistemas de retiro.
Para el próximo presupuesto quedarán $391 millones en activos, los cuales se van a vender de modo que ese dinero pueda ser inyectado al Fondo General ya que este pote será usado para sufragar los $2,038 millones en pensiones que se estima se tendrán que pagar el próximo año fiscal, explicó Marrero.
Dicho de otro modo, lo que queda en la alcancía de retiro se va a sacar y se va a juntar con la chequera del gobierno para pagarle a los pensionados. En el balance, esto representa un enorme hueco para el gobierno central, al reducir significativamente los fondos disponibles para las operaciones. Los $7,300 millones operacionales en el año fiscal 2018 representa, al menos, una baja de $800 millones si se compara con el...
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