Aparecen los compradores

Por Miguel Díaz Román

mdiaz2@elnuevodia.com

Entre las mociones y documentos presentados en los pasados días en el caso, destaca una declaración so pena de perjurio de Peter Miller, presidente de Caribbean International News (CIN), matriz de El Vocero, en la que se revela por primera vez quiénes integran Publi-Inversiones.

Estos son Raúl Betancourt Piñeiro, Ricardo Betancourt y Gerardo Larrea. En la declaración no se precisan ni las profesiones de estos ni si hay parentesco entre los dos Betancourt.

En la declaración jurada se indica que tratando de conseguir un inversionista, Miller se acercó al dueño del periódico New York Daily News, Fred Drasner; al presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José Méndez y al presidente de la empresa de asesoría en inversiones San Juan Asset Management, José Vizcarrondo. También fueron consultados Francisco Rodríguez, presidente del banco de inversiones UBS y Zoila Levis, expropietaria del Doral Bank.

Miller identifica a Betancourt Piñeiro como un primo segundo, con el que no tiene relación personal y asegura que lo ve solo "en los funerales de la familia".

Publi-Inversiones pretende comprar El Vocero adquiriendo una deuda de $3 millones del periódico. Pero algunos de los opositores de la venta, entre estos el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) y la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), que agrupa a los empleados del diario, se oponen, entre otras cosas porque presuntamente la deuda está garantizada con propiedad mueble e intelectual del periódico. Hacienda y la Upagra alegan que el valor de esas propiedades oscila entre $425,000 y $100,000, muy inferior al monto de la deuda.

En su objeción escrita ante el tribunal, el licenciado Michael P. Richman, abogado de Hacienda, indicó que el vínculo familiar de Miller y Betancourt Piñeiro, así como la declaración de Miller de querer continuar frente al periódico, la hacen desconfiar de que se hayan hecho esfuerzos vigorosos por conseguir otros compradores.

Los esfuerzos los realizó el corredor Samuel Mitchell, contratado por CIN, quien, según Richman, compiló una lista de 40 interesados en El Vocero. "Pero no sabemos cómo lo hizo o quiénes eran o qué hacían", dice Richman.

El abogado de Hacienda también pone en duda la intención de CIN de acogerse al Capítulo 11 de reorganización porque El Vocero "tenía planes para operar generando beneficios y no hay pruebas de que los acreedores tomaran...

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