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Arranca la confirmación del Plan de Ajuste

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Vincent

Nota del Editor: Este es el primero de varios artículos acerca del proceso de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central y su impacto en decenas de miles de individuos y empresas en Puerto Rico.En una semana, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain tendrá en sus manos el futuro de miles de empleados públicos, jubilados, bonistas, contribuyentes y suplidores del gobierno de Puerto Rico cuando presida la audiencia para analizar la Declaración Informativa que ha radicado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).Se trata del primer paso para modificar unos $35,000 millones en todo tipo de deudas del gobierno central bajo el Título III de Promesa. En su mayoría, estas obligaciones se ajustarán -si las personas afectadas votan a favor del Plan de Ajuste (PDA)- a través de diversos acuerdos y concesiones. Entre otras cosas, el PDA propone utilizar el efectivo que el gobierno ha acumulado en los pasados cinco años para pagar a los bonistas, que la Legislatura acepte supeditar el estado de Derecho de Puerto Rico a las leyes del estado de Nueva York, la cancelación por parte del gobierno de un número no precisado de contratos y arrendamientos, y a los empleados públicos y jubilados se les requiere renunciar, de por vida, a la posibilidad de ajustes para compensar el coste de vida.Luego de que a principios de año, la JSF llegó a un nuevo entendido con la Coalición de Deuda Legítima y otros acreedores y pactó con ciertos bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), el pasado 29 de junio, el organismo radicó una cuarta versión de la Declaración Informativa y del PDA.La versión más reciente del PDA y la Declaración Informativa que le acompaña no sufrió cambios monetarios trascendentales, pero deja a la luz que la propuesta de la JSF -que busca poner fin a la mayor bancarrota del mercado municipal estadounidense- es un ejercicio que beneficiará a ciertos acreedores a costa de otros y en ciertos casos, podría describirse como un acto de fe.Por ejemplo, el documento establece que si los bonistas individuales se oponen al PDA, ellos no recibirán $50 millones en gastos de consumación propuestos y ese dinero pasaría a los bonistas que pactaron con la JSF y que ya negociaron para sí otros $350 millones en costos de consumación.De igual forma, en el caso de los suplidores y contratistas del gobierno y los jubilados, no se ofrecen cifras acerca de cuántas personas o empresas se afectarán con el PDA.Adiós a invalidar la deudaSobre...

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