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Arriesgado cuadre de caja en las finanzas de Guayama

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Por Sandra Caquías Cruz

scaquias@elnuevodia.com

"El fondo de caja está un poco bajo; debido a que se han hecho adelantos a propuestas y empréstitos, se tomó esa decisión (utilizar ese dinero)", reconoció la directora interina de Finanzas del municipio, Miriam D. Enríquez.

La admisión de los problemas fiscales trascendió ayer durante las vistas de transición del municipio guayamés, en las que también salió a relucir que la administración municipal hizo gestiones para pagar en los próximos días $ 3.2 millones al abogado que lleva dicho pleito. También trascendió que al municipio le adeudan $ 7.5 millones sin que este realizara gestiones de cobro.

Se le preguntó a la abogada del municipio, Amarys Coya, si al utilizar ese dinero se actuó irresponsablemente.

"Eso es una decisión del área de Finanzas. Es una decisión de negocios, y ellos tomaron unos riesgos sabiendo las consecuencias de eso", respondió la abogada. "Nosotros, aunque somos una empresa pública y debemos tener un cuidado mayor en el manejo de esos fondos, no dejamos de trabajar tomando decisiones de negocios", abundó.

Por su parte, Digno César Girau, director del Comité de Transición Saliente y quien fuera el director de la campaña política de la alcaldesa, rechazó que el municipio tuviera problemas financieros. "No los tiene", afirmó.

"La decisión que tomaron la Legislatura y el director de Finanzas en ese momento (en torno a la utilización de dicho dinero) es porque entendían que era un ingreso", dijo Girau.

Mientras, José M. Colón Pérez, presidente del Comité de Transición del alcalde electo Eduardo Cintrón, señaló que ese dinero se utilizó para pagar sueldos y celebrar fiestas patronales sin saber si el municipio iba a prevalecer en ese caso. Además, destacó que si el municipio pierde ese caso tendría que devolver esos $ 15.9 millones y un 6% de intereses.

Explicó que se trata de $ 15.9 millones pagados en patentes por la farmacéutica Pfizer y que fueron consignados en el ayuntamiento para que la empresa pudiera tener derecho a apelar el que se le esté cobrando ese dinero. La empresa no acepta ese cobro por entender que se le debió aplicar un decreto.

Los $ 15.9 millones fueron...

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