Otro asalto a la UPR

CARMEN ANA MIRANDA

SÍNDICA CLAUSTRAL

Los Senados Académicos solicitaron que toda medida legislativa dirigida a una reforma universitaria respondiera a la iniciativa y al consenso de la propia comunidad universitaria. Esto responde a que la Junta de Síndicos, en sus diferentes encarnaciones, ignoró desde 1993 el mandato de ley de remitir a la Asamblea Legislativa, "un proyecto de revisión de la Ley Universitaria, y que en la elaboración de dicha revisión se provean mecanismos que garanticen la participación plena de todos los sectores universitarios".

La ley fue explícita en cuanto a la importancia de reforzar la autonomía universitaria. Al aprobar el P. de la C. 927, la Legislatura eliminó de un plumazo el requerimiento de la revisión de la Ley Universitaria, ignorando así la solicitud de la comunidad universitaria.

Igualmente importante fue la solicitud de los Senados Académicos de reconfigurar la Junta de Síndicos, incrementando la participación de la comunidad universitaria, mediante la adición de un profesor y de un estudiante a ese cuerpo rector. Para explicar esta petición basta con decir que fue la comunidad universitaria, con su conocimiento, experiencia y compromiso, la que asumió la función de fiscalización y denuncia de la situación de incumplimiento con la National Science Foundation (NSF) en que se ha colocado a la UPR.

La acción de los síndicos universitarios fue esencial para acceder a información ocultada por el presidente Miguel Muñoz. No obstante, sus recomendaciones fueron aplastadas por la Junta de Síndicos, en votaciones estrictamente partidistas.

La voz de alerta de los síndicos universitarios desembocó en la celebración de vistas públicas por la Cámara y el Senado de Puerto Rico, con los consiguientes referidos a las instancias del...

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