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En ascenso los costos de la quiebra de la isla

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Vincent

En poco menos de dos años, los abogados y asesores que participan en la renegociación de la deuda de Puerto Rico han solicitado más de $360 millones en honorarios que fueron recomendados por el oficial examinador y aprobados por la corte, según un análisis de El Nuevo Día.Al sumarse esa cifra con el costo de funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), los pagos desembolsados por negociar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los contratos que otorgó la administración de Alejandro García Padilla para modificar la deuda pública antes de la ley federal Promesa, el colapso de las finanzas públicas le ha costado a los puertorriqueños casi $1,000 millones en fondos públicos.Solo la reestructuración de Cofina supuso una compensación de $332 millones para los fondos y abogados que negociaron. De 2014 a 2016, el gobierno asignó más de $250 millones en contratos a las firmas que asesoraban en asuntos de reestructuración y cabildeo en Washington a favor de Promesa. Entre ellas, Proskauer Rose, Alix Partners, Millstein & Co. y Cleary Gottlieb.En tanto, excluyendo el gasto en servicios profesionales, en los pasados tres años, los presupuestos de la JSF y la Aafaf han totalizado cerca de $50 millones.En agosto de 2017, Brady C. Williamson y la firma Godfrey & Kahn recibieron el aval de la jueza Laura Taylor Swain para servir de filtro a las facturas de abogados, asesores financieros, economistas, actuarios, agentes administrativos e, incluso, las firmas de relaciones públicas que han sido contratadas para lidiar con la quiebra de Puerto Rico.Dos años después del inicio de los casos de Título III, y a juzgar por los informes de Williamson ante la jueza Swain, los abogados y asesores que facturan al gobierno continúan presentando reembolsos que no proceden y persiste, aunque con menos intensidad, la duplicidad de tareas.La factura a Puerto RicoSegún los informes examinados por El Nuevo Día, entre mayo de 2017 (cuando el gobierno solicitó el Título III de Promesa) y enero pasado, 47 firmas han participado de los casos de Título III.Específicamente, el gobierno paga los honorarios de los asesores y abogados de la JSF, la Aafaf, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el Comité Oficial de Retirados (COR) y los asesores del Equipo de Mediación establecido por Swain y que encabeza la jueza de quiebras en el distrito Norte de Texas, Barbara...

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