Aseguradoras objetan plan fiscal
Al alegar que el impago de Puerto Rico les ha costado unos $778 millones de manera directa, Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company (FGIC) acudieron nuevamente a la corte para plantear a la jueza Laura Taylor Swain que el proceso de renegociación de la deuda que impulsan el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descansa en un plan fiscal que no cumple con la ley federal Promesa.
Esta semana, luego que el año pasado retirara una demanda similar por el paso del huracán María, Assured envió al despacho de la jueza que preside los casos de Título III un nuevo proceso adversativo en el que pide que se declare inconstitucional el nuevo plan fiscal certificado, al tiempo que destaca que el propio organismo federal concluyó que el presupuesto sugerido por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares es contrario al plan certificado.
Asimismo, Assured y FGIC aseguran que la JSF no cumple con sus deberes y que un plan de ajuste que sea cónsono con el documento recién certificado no podría ser confirmado a la luz del estado de derecho vigente.
“Los demandantes buscan una sentencia declaratoria del plan fiscal revisado como ilegal e inconstitucional y que declare que la JSF no puede usar el plan fiscal revisado como base para proponer un plan de ajuste en el caso de Título III del gobierno”, reza el recurso incoado por Assured y FGIC.
Lluvia de demandas
Este es el primer proceso adversativo que encara Puerto Rico desde que la JSF certificó en abril un plan fiscal revisado como secuela de los estragos del huracán María en Puerto Rico. El recurso sería aproximadamente el número 47 entre los procesos adversativos radicados contra el gobierno desde que se invocaron las protecciones del Título III hace un año.
Aun con la suspensión de litigios que provee Promesa y según el inventario de demandas en contra del organismo federal que no están relacionadas con Título III, el reclamo se uniría a sobre 75 disputas que la JSF y por ende, Puerto Rico, encara en los tribunales.
El recurso incoado por Assured en el foro judicial federal se produce mientras el gobierno y la JSF prefirieron evitar un litigio, al acordar la asignación de más fondos a la Oficina del Gobernador y no tocar el presupuesto de la Legislatura a cambio de derogar la Ley 80 de 1976 que provee protecciones a los trabajadores en caso de un despido injustificado.
Plagado de violaciones
“Por meses, hemos pedido al gobierno y la JSF negociaciones abiertas y constructivas con los...
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