'Un ataque a los derechos civiles'

En unos meses, cualquier conductor de un vehículo de motor en el país podrá ser obligado a hacerse pruebas de sangre si un policía así lo decide. Si se aprueba en la Legislatura, cualquier empleado de gobierno podría negarse a darle servicios a una persona bajo el argumento de que hacerlo atenta contra sus creencias religiosas.Activistas de derechos humanos y expertos en Derecho expresaron preocupación ante una serie de medidas recientes que catalogan como inconstitucionales y que, a su juicio, podrían tener el efecto de promover el discrimen o coartar derechos."Estamos viendo un ataque a los derechos civiles de las personas en muchos ámbitos", la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal Segurola.La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una enmienda a la Ley de Vehículos y Tránsito que permitiría, entre otras cosas, que un policía obligue a un conductor a someterse a una prueba de sangre si el agente tiene la sospecha que está bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas. La prueba de sangre se haría incluso si el conductor arrojó negativo en una prueba de aliento.Asimismo, ante la Cámara de Representantes se encuentra un proyecto que defiende la llamada libertad religiosa, el cual permitiría que cualquier persona solicite un acomodo razonable para no tener que dar un servicio como empleado de gobierno cuando entienda que esto violentaría sus creencias religiosas.Candal Segurola señaló que estas medidas no tan solo son inconstitucionales, sino que también ignoran el estado de derecho establecido a través de casos judiciales decididos tanto a nivel local como federal.Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Derecho Penal el Colegio de Abogados y Abogadas, Wanda Valentín, destacó el caso Missouri versus McNeely, de 2013, en el cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que tomar una prueba de sangre a una persona sin su consentimiento y sin una orden judicial violenta el derecho constitucional a no estar sujetos a registros irrazonables."La máxima ley, que es la Constitución, dice que no habrá registros ni allanamientos...

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