Atrapados a temprana edad

Por Mildred Rivera Marrero

mrivera1@elnuevodia.com

Francheska Duarte, unos meses mayor que Dallaneri, vive para contarlo, pero sin sus piernas. Se las amputaron luego de que su novio la arrollara y la pillara contra una guagua.

Una vivía en Barrio Obrero y la otra en Comerío, pero llevaban vidas similares. Ambas fueron víctimas de violencia doméstica por años. Sus familiares sabían del infierno que vivían, pero ni ellas ni sus allegados radicaron querellas por maltrato. Las dos tenían una criatura de cuatro meses al momento de los violentos incidentes.

Pero no están solas. Sus historias se repiten en cientos de adolescentes que quedan atrapadas en relaciones violentas que no saben cómo enfrentar; reciben poca o ninguna educación en relaciones saludables, no saben a dónde acudir a buscar ayuda y , cuando la buscan, chocan con las murallas legales que les interponen las leyes por ser menores de edad.

Quienes deciden tomar acción encuentran pocos albergues que reciban a adolescentes víctimas de maltrato -según indican las personas entrevistadas-, y quienes deciden ir al tribunal, descubren que la Ley 54 no les permite buscar justicia por cuenta propia.

"Hay un limbo. La Ley 54 solo aplica a personas que han tenido una relación consensual, y hay menores que no quieren ir al tribunal porque no quieren que los papás se enteren de que han tenido relaciones sexuales. Es una traba en términos de intervenciones", explica Ilia Vázquez Gascot, coordinadora general del Programa de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, que cubre los once recintos de la Universidad de Puerto Rico. Asegura que eso ocurre mucho con universitarias que se alojan en hospedajes.

"Hay jueces que piden que los padres estén presentes al pedir una orden de protección, a menos que (esos jóvenes) estén emancipados", asevera.

Como resultado, muchas jóvenes no se querellan y, cuando lo hacen y se encuentran con esa exigencia del juez, desisten.

De hecho, las que se querellan en la Policía no aparecen reflejadas en las estadísticas de ese cuerpo porque estas no se recopilan por edad. Eso impide que se conozca la alta frecuencia de esos casos entre adolescentes, que las personas entrevistadas sí conocen porque les dan servicios.

En términos de la ayuda de consejería, Rebeca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, afirma que los menores no necesitan permiso de sus padres para recibirla. Indica que la Ley 408 les permite recibir servicios de salud psicológica...

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