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Auditemos la deuda y las pensiones

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Vincent

Las últimas dos semanas han sido socialmente intensas. La Universidad de Puerto Rico está cerrada por una huelga y diversos sindicatos comienzan a anunciar paros. La criminalidad comienza a incrementar, y el ambiente se siente tenso.

El País está molesto, y comienza a indignarse. Juan del Pueblo comienza a entender que cualquier combinación de soluciones va a terminar afectando a los sectores más indefensos de la sociedad, aquellos que no tienen costosos cabilderos, ni conexiones dentro del Gobierno para que los proteja. En ese grupo, caen pensionados del Gobierno, estudiantes, los sectores con menos ingresos, y la gran mayoría de la ciudadanía definida como clase media.

Sin conocer los detalles técnicos del asunto, cada día son más lo que se unen al reclamo de que se audite la deuda de $70,000 millones adquirida por el Gobierno. A estas alturas del juego, resulta obvio que la gente quiere y necesita saber la verdad, de cómo luego de décadas de malos manejos financieros, se quebró a Puerto Rico. El reclamo es legítimo, tomando en cuenta que la deuda precisamente es pública, es decir, se paga de los impuestos que pagamos todos, y las tarifas por el uso de los servicios o utilidades.

En la actualidad, la deuda per cápita es de $20,000. Esa es la cantidad de dinero, que nos tocará pagar a todos, si fuera a distribuirse de forma proporcional el pago a futuro, y si hubiera que pagarla en su totalidad. Una auditoría permitiría saber en qué se han utilizado los $45,000 millones tomados prestados por el Gobierno entre el 2001 y el 2014. Hay que contestar preguntas básicas sencillas pero importantes; ¿Cómo se emitió la deuda? ¿Todas las emisiones han sido legales? ¿En qué se han usado todos los recursos financieros que se tomaron prestados?

Cómo se quebró al Gobierno. Una auditoría de la deuda revelaría lo que muchos economistas advertimos y fuimos ignorados, cuando el Gobierno comenzó a financiar déficits operacionales con la emisión de deuda. En adición al uso de préstamos para financiar los déficits fiscales, a mediados de la década del noventa se comenzaron financiar mega-proyectos de infraestructura ignorando la capacidad de repago de esa deuda, cuando la economía perdiera la Sección 936, algo que ocurrió en el 1996.

A partir del 2000, cuando los gastos del Gobierno comenzaron a exceder los ingresos, de forma consistente, se comenzó a tomar prestado para pagar nómina y otros gastos operacionales. Cuando se intensificó la crisis de liquidez, se...

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