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Auditoría como arma de guerra

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Vincent

Los documentos asociados a la deuda que solicita el comité de acreedores no asegurados en el Tribunal Federal tienen el potencial de descarrilar algunas de las prioridades de repago de la deuda pública, hallar potenciales conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y hasta descubrir ilegalidades en los procesos de emisión, compra y venta de estos instrumentos de inversión.

Son múltiples los potenciales desenlaces. Sin embargo, detrás de la petición no está únicamente un deseo de investigar y dar a conocer los detalles de las transacciones que endeudaron a Puerto Rico de modo que los puertorriqueños sepan lo que pasó, sino que subyacente está la más básica lucha por una porción más grande de repago de la deuda.

La semana pasada, en la sala de la magistrada Judith Dein, en el Tribunal Federal en Boston, Massachusetts, se dejó la puerta abierta a que se alcance un acuerdo de modo que los documentos sobre las emisiones que pide el comité de acreedores no asegurados, y los documentos que solicitarán los investigadores de la deuda que contrate la JSF, no impliquen una duplicación de esfuerzos. La Junta, en su última reunión pública, decidió encaminar su propio proceso de auditoría de la deuda.

“Ellos (el comité de acreedores no asegurados) quieren indagar en las emisiones para hacer objeciones sobre los reclamos de los acreedores. Si ellos logran objetar un reclamo de un acreedor asegurado, pues pasa a la misma categoría de no asegurado y hay más dinero para ellos”, explicó el abogado experto en asuntos de quiebra Rolando Emmanuelli.

El asunto, aunque parece un poco técnico, se puede visualizar de una manera simple. Los acreedores no asegurados, en esencia, están últimos en la fila de personas o entidades que esperan un cheque del gobierno.

Si en el tribunal el comité logra sacar algunos de los que están frente a ellos en la fila, pues las probabilidades de que les toque una porción más grande de dinero aumenta, explicó el abogado.

Las intenciones detrás de la investigación de la JSF no están del todo claras. Los acreedores no asegurados, en sus mociones al tribunal, muestran suspicacia y recalcan que la Junta decidió auditar la deuda justo después que el Comité reclamó información sobre las emisiones en una moción presentada ante jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de ajuste de deudas bajo el Título III de la ley PROMESA del gobierno de Puerto Rico y algunas de sus instrumentalidades.

El...

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