Avance a medias
La renegociación de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa, mecanismo que establece un proceso de reestructuración supervisado por el tribunal, comienza a ganar tracción tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dar a conocer un acuerdo que podría comenzar a mover las negociaciones en 60 días.
La información salió a relucir ayer durante la audiencia general presidida por la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa los casos Título III, donde la JSF indicó que podrían llegar a un acuerdo para viabilizar un plan de ajuste con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) tan pronto como en dos meses.
Actualmente, Cofina, los bonos de Obligaciones Generales, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Administración de los Sistemas de Retiro se encuentran bajo el Título III de Promesa, el mecanismo que se les otorga a entidades gubernamentales y corporaciones públicas en quiebra para ajustar sus deudas bajo la ley federal. Mientras, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se encuentra renegociando su deuda bajo el Título VI, que permite la reestructuración mediante un proceso voluntario entre las partes.
Ayer, Swain abrió la audiencia expresando su satisfacción tras conocer que el BGF le presentará en las próximas semanas un pedido para renegociar su acreencia a través del Título VI de Promesa, un avance dado a conocer ayer por El Nuevo Día.
Asimismo, el comentario favorable de la jueza tenía como telón de fondo la moción urgente que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), y Bettina M. Whyte, quien representa a Cofina, radicaron en la noche del martes.
En síntesis, las partes que buscan resolver a quién pertenecen los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), pidieron a Swain reservarse por un período de 60 días el fallo en torno al pedido de sentencia declaratoria que antes hicieron UCC y Whyte.
Swain se mostró inclinada a acoger la moción urgente del UCC y Whyte al preguntar al abogado de la JSF, Brian Rosen, si sería factible otorgar a las partes hasta la semana entrante para que estas expresen sus argumentos antes de resolver la moción urgente.
Fue entonces cuando Rosen dijo que la JSF respaldaba la moción urgente del UCC y Whyte y explicó que el plazo de 60 días podría servir para llegar a un acuerdo en torno a la controversia más importante en la resolución de la deuda de Puerto Rico.
“El equipo de mediación y...
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