Bajo alerta por derechos de acusados
A usted lo señalan como sospechoso de cometer un robo. Un agente de la Policía lo arresta de inmediato, y antes de llevarlo ante un juez para que determine si existen razones para detenerlo, lo fichan con una fotografía y sus huellas dactilares.
El magistrado determina que hay causa probable, le impone una fianza sin que tenga el beneficio de pagar solo el 10% y le ordena estar bajo supervisión electrónica porque el robo es un delito que conlleva condiciones más restrictivas.
En la vista preliminar, el juez también falla en su contra. Tendrá que enfrentar juicio y, cuando está por empezar el proceso, le prohíben renunciar a su derecho a ser juzgado por un jurado —y optar por que su caso lo vea directamente un juez— solo porque la fiscalía se opuso.
A grandes rasgos, ese sería el trámite al que se expondría una persona que enfrente un proceso judicial si se aprueban las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal tal y como las presentó la administración de Ricardo Rosselló Nevares en el Proyecto del Senado 307.
En la actualidad, el fichaje ocurre luego que un juez determina que hay causa para arresto, hay menos restricciones en la imposición de la fianza y el acusado es quien decide si renuncia o no al juicio por jurado.
El proyecto de enmiendas aún se encuentra bajo evaluación en la Asamblea Legislativa, y su constitucionalidad ha generado dudas, incluso, en senadores de mayoría, como Henry Neumann, quien lidera el análisis de la pieza.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, aseguró que los cambios propuestos por el gobierno se asemejan a prácticas que ya se utilizan en la jurisdicción federal, y rechazó que las enmiendas sean inconstitucionales.
Condenas erradas. Para algunos abogados de amplia trayectoria en casos criminales, el proyecto del Ejecutivo no solo atenta contra las prerrogativas constitucionales de los sospechosos y acusados de delito, sino que también podría disparar el número de condenas erróneas al limitar significativamente las herramientas que tienen para defenderse de las imputaciones en su contra.
“Es un diagnóstico errado. Lamentablemente, todos los gobiernos de turno siempre apuestan a una ecuación fallida, que es creer que, al limitar los derechos de las personas, disminuye la criminalidad. Está probado que esa forma de analizar las cosas es incorrecta”, afirmó Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
El director de Proyecto Inocencia...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba