Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Bajo discusión el futuro de sus decisiones

Document Citado por Relacionados
Vincent

BOSTON.- Un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones federal expresó ayer preocupación en torno a las consecuencias que tendría sobre los avances del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico resolver que la ley Promesa incumple con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.Los tres jueces, encabezados por el puertorriqueño Juan B. Torruella, cuestionaron además la insistente teoría del gobierno de EE.UU. de que si se determina que los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son funcionarios federales con una autoridad significativa, y que por lo tanto deben ser nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense, se pueda poner en entredicho también la estructura del gobierno electo de la isla.Fondos de inversiones encabezados por Aurelius, la aseguradora municipal Assured Guaranty y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), en casos independientes que han sido consolidados y que apelan una decisión de la jueza bancarrota territorial Laura Taylor Swain, coincidieron en sus reclamos en que la ley Promesa violenta el poder constitucional del presidente de hacer nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado.Bajo Promesa, sostienen, se obligó prácticamente al presidente de EE.UU. a escoger seis de los siete nombramientos de la Junta -que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico- de listas presentadas por los cuatro principales líderes del Congreso.En su decisión del 13 de julio pasado, que desestimó la demanda de Aurelius, la jueza Taylor Swain afirmó que los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico le han permitido crear la JSF, declararla una entidad territorial y no tener que cumplir con la cláusula de nombramientos.Theodore Olson, ex procurador general bajo el gobierno de George W. Bush y abogado de Aurelius y Assured Guaranty, buscó convencer al panel de Apelaciones de que, debido a que los siete miembros de la JSF ocupan "una posición creada por el Congreso y ejercen poder significativo bajo una ley federal", son funcionarios federales de una categoría principal.Rolando Emmanuelli, abogado de la Utier, coincidió con ese planteamiento. Como Aurelius, la Utier sostiene que la JSF es una entidad federal, que sus miembros son funcionarios federales, sujetos al control federal y que basan su poder en una ley estadounidense, no en un estatuto puertorriqueño.Aunque la norma estadounidense...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR