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Bajo fuerte control asignan los fondos

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Vincent

WASHINGTON.- Tras acordar una fuerte supervisión sobre el uso del dinero que se asigna al gobierno de Puerto Rico, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja ratificó ayer el proyecto de ley que permitiría asignar $12,000 millones a la isla en fondos de Medicaid durante los próximos cuatro años fiscales federales.Los fondos fueron condicionados a que el gobierno de Puerto Rico, luego de los recientes cargos de corrupción, esté sujeto a mayores controles sobre cómo utiliza los dineros de ese programa federal.En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico deberá rendir informes trimestrales a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) sobre cómo utiliza los fondos de Medicaid, que financian la mayor parte del programa de salud del gobierno puertorriqueño.Los nuevos controles fueron propuestos, como parte de un acuerdo con la mayoría demócrata, por el líder republicano en ese comité, Greg Walden (Oregón), luego de conocerse los arrestos en la isla por corrupción, que han abarcado irregularidades en los contratos otorgados por la Administración de Seguros de Salud (ASES)."Todos estuvimos atónitos", indicó el presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Pallone (Nueva Jersey), antes de ratificarse el lenguaje que busca evitar un precipicio fiscal, a partir de 2020 en el caso de Puerto Rico, en los sistemas de salud de los territorios estadounidenses.Entre los mecanismos de supervisión acordados, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de EE.UU. auditará los sistemas de contratación y la administración financiera de los programas de Medicaid en Puerto Rico que considere que tienen alto riesgo de fraude.Un año después que la legislación se convierta en ley, mientras, la OIG de Salud federal tendrá que desarrollar un plan de trabajo para "auditar e investigar la práctica de contratación relacionadas a Medicaid en Puerto Rico", que ha sido el área afectada por los cargos de corrupción que la fiscalía federal presentó la semana pasada, que incluyeron a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y a contratistas de esa oficina.En dos años, además, la Oficina de Contraloría General (GAO) debe emitir un informe sobre los procesos de evaluación de subastas y de otorgamiento de contratos, incluidos los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (Rfp).Todos los territorios se enfrentan a un déficit en el acceso a fondos permanentes de Medicaid. Para...

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