La batalla legal entre el gobierno y la Junta Fiscal
El representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino Vega, agarró con su mano izquierda el Plan Fiscal certificado y con la derecha la resolución que lo certificaba e imponía “enmiendas o recomendaciones”.
La tensión entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y los miembros de la JSF recién había escalado durante la novena reunión pública de este organismo federal, celebrada el viernes en el hotel El Conquistador en Fajardo. La Junta acababa de aprobar una resolución en la que se ordenaba una reducción de 10% en la jornada laboral de los servidores públicos. También, presentó una propuesta que mantiene un recorte de 10% en la nómina de las pensiones de los tres principales sistemas de jubilaciones del gobierno. Ambos asuntos eran combatidos por el representante del gobernador.
Sobrino Vega, al mostrar los documentos, intentaba ilustrar la postura del gobierno de rechazo a la reducción en la jornada y los recortes en las pensiones.
“Este documento no es el mismo que este”, dijo el también presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
En cierto modo, la defensa del gobierno a favor de las pensiones y la jornada laboral completa, depende de si esos dos documentos son grapables o no en términos jurídicos; si son dos escritos distintos o son partes de un mismo registro.
La postura de la administración de Rosselló Nevares es que las contigencias que exige la JSF no son parte del Plan Fiscal certificado sino que son recomendaciones hechas por el ente que tiene la última palabra sobre las finanzas de Puerto Rico. Por tratarse de recomendaciones, el gobierno puede rechazarlas.
José B. Carrión, presidente de la JSF, el mismo viernes insistía en que las contingencias sí son parte del Plan Fiscal certificado.
“Nosotros no consideramos esto una recomendación. Esto es elemento integral del Plan Fiscal. No es una recomendación”, dijo Carrión.
La teoría del Ejecutivo
La teoría jurídica del gobierno se basa en la sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta parte del estatuto faculta a la JSF a recomendarle acciones al gobierno de modo que se garantice el cumplimiento con el Plan Fiscal, la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia gubernamental. Estas recomendaciones pudieran darse dentro del contexto de la creación y aprobación del Plan Fiscal, sostiene...
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