Bishop pide proteger a los bonistas
WASHINGTON.- Como “amigo de la corte”, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Rob Bishop, advirtió este fin de semana que el tribunal de bancarrota territorial deberá en su momento determinar si el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) protege a los acreedores.
Para Bishop, el tribunal que preside la jueza Laura Taylor Swain no podrá aprobar un “plan de ajuste” de la deuda pública si “el plan fiscal aprobado falla en cumplir con los requerimientos de la sección 201(b) de Promesa”, que, acentuó, incluye velar por los intereses de los bonistas.
Al intervenir en uno de los casos que ha presentado la aseguradora Ambac para impugnar el proceso de reestructuración de la deuda pública, el congresista Bishop sostuvo que la ley Promesa –que creó la JSF que controla las finanzas del gobierno de la isla y puso en marcha el tribunal especial de quiebras– quiso proveer protecciones a los acreedores “antes, durante y después” de los procedimientos que establece.
En ese sentido, Bishop cuestionó –quizá por vez primera– que la JSF acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció en mayo de 2017 la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorgó Promesa.
“El Comité (de Recursos Naturales) no tenía la intención de que el vencimiento de la suspensión de litigios diera inicio a los casos bajo el Título III; más bien, la suspensión automática fue incluida para permitir a la Junta de Supervisión un tiempo amplio para establecerse bajo el marco legal de Promesa, y para iniciar negociaciones voluntarias bajo el título VI”, indicó Bishop en su argumento, con fecha del 29 de junio.
En su escrito, Bishop indicó que por su comité haber tenido a su cargo la redacción y trámite de la ley Promesa, puede proveerle al tribunal “el trasfondo y la historia que puede facilitar la interpretación apropiada” del estatuto.
El mensaje, claramente, es que aún considera que tanto la JSF como el gobierno de Puerto Rico no están tomando en cuenta a los acreedores en los procesos de reestructuración de deuda y que el tribunal debe protegerlos.
En marzo pasado, Bishop envió una carta al presidente de la JSF, José Carrión, en la que consideró que el organismo fiscal no promueve un diálogo con los acreedores ni exige suficiente transparencia al gobierno de la isla.
“El reconocimiento de la deuda existente es clave para la recuperación de Puerto Rico, y va a requerir...
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