Boicot legislativo a información sensible
Por Eugenio Hopgood Dávila
eugenio.hopgood@gfrmedia.com
Pero la realidad es que el estatuto eliminó requerimientos que la normativa anterior exigía y claramente exime a los funcionarios -y sobre todo a los legisladores- de tener que proveer información indispensable para detectar si tienen conflictos de intereses.
Con la nueva normativa desaparecen de los formularios preguntas claves sobre las finanzas y contrataciones entre familiares de los legisladores o entes corporativos de los que estos o sus familiares son propietarios o accionistas. Asimismo, se requería información que permitía detectar los casos en que era preciso gestionar dispensas.
Debido a que por mandato constitucional los cuerpos legislativos tienen autoridad para reglamentar la conducta de sus miembros, la Cámara de Representantes y el Senado establecen sus propias reglas sobre la información que deben contener los Informes Financieros Anuales que rinden sus miembros desde 1997. Esta información exigida estaba basada en unos requisitos mínimos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), aunque variaba entre Cámara y Senado.
Pero a partir del año pasado, con la nueva Ley de Ética Gubernamental, la pasada Legislatura, por votación partidista, aprobó que a sus miembros les aplicara el mismo formulario que contestan los más de mil funcionarios de la Rama Ejecutiva que rinden informes financieros.
Este "formulario único" es considerado como un logro por la directora de la OEG, Zulma Rosario. "Hasta ahora teníamos cuatro formatos diferentes (Rama Judicial, Ejecutiva, Cámara y Senado), pero ahora todos tienen que rendir nuestro formulario menos la Judicatura, que no quiso entrar con nuestro informe", dijo Rosario. "Pero no fue fácil convencer a los legisladores de que usaran nuestra fórmula", agregó al citar que el proyecto de administración concebido por su Oficina estuvo nueve meses en trámite legislativo.
Sin embargo, un examen comparativo del formulario nuevo demuestra que este eliminó información pertinente y útil que ponía a los legisladores en la obligación de someter los datos de sus informes bajo juramento, y de revelar si tenían conflictos de intereses directamente o a través de sus familiares, entre otras posibles variantes de corrupción.
En la Cámara, por ejemplo, se le requería al representante notificar los contratos o negocios realizados por él o algún miembro de su unidad familiar con cualquier organismo público, o los que tuvieran con personas o entidades que...
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