Bolsillo boricua sufre el cabotaje
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
Ese precio "inflado" de este plato boricua es apenas una ilustración del efecto que tiene en la vida cotidiana de los puertorriqueños la aplicación en el País de las leyes de cabotaje, que obligan a utilizar solamente barcos de matrícula estadounidense para el transporte de productos entre la Isla y Estados Unidos.
Sin las restricciones de acarreo marítimo que impone a la Isla esa ley federal, usted se ahorraría en ese plato 9 centavos.
Pero esto es solo una muestra. En realidad, el efecto a largo plazo que tienen en su bolsillo las restricciones federales del cabotaje es mucho mayor y sus implicaciones, aunque han sido foco de múltiples estudios independientes desde la década de 1960, no han sido analizadas a fondo por el Gobierno.
Precisamente, hoy personal de la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos visita la Isla para conocer de cerca el impacto económico de las normas de cabotaje, que surgen de la Ley Jones de 1920. Se espera que la GAO prepare un informe sobre sus hallazgos y lo presente al Congreso de Estados Unidos a finales de este año. A partir de esa fecha, se evaluaría si es viable radicar en el Congreso legislación dirigida a flexibilizar estos estatutos.
Estimados a partir de la cantidad de vagones que las compañías navieras mueven al año entre Estados Unidos y Puerto Rico ubican el impacto económico a los consumidores en $ 207 millones anuales. Mientras, según un análisis del economista José Alameda, esa carga podría alcanzar los $ 311 millones, solo en el consumo de comida, bebida, tabaco, ropa, transporte y objetos misceláneos. Otros cálculos más agresivos que toman en cuenta el efecto multiplicador del cabotaje ubican la cifra en hasta $ 1,300 millones al año.
El principal problema, según explicó el economista Alameda, es que la marina mercante estadounidense tiende a cobrar un 30% más que otros barcos por transportar los cargamentos. Al menos eso refleja un estudio del impacto de las leyes de cabotaje en el estado de Hawai.
Si esa diferencia de 30% en los precios se repitiera en Puerto Rico, se podría estimar que por cada dólar que los boricuas gastan en las tiendas, al menos 1.5 centavos se deben a las restricciones de las leyes de cabotaje, explicó Alameda. Es una cifra muy similar a la porción municipal del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
Al conjugar esta cifra con las estadísticas de la Junta de Planificación sobre el consumo...
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