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Los bonistas reclaman lo suyo

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Vincent

Casi una treintena de fondos de inversión y una aseguradora municipal aprovecharon el fin de la suspensión automática de litigios provista en la ley federal PROMESA para solicitar en las cortes de Puerto Rico y Nueva York el dinero que les debe el Gobierno, que se anule el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR) e, incluso, que prohíban al Ejecutivo y la Rama Legislativa aprobar presupuestos o cualquier ley o plan de renegociación basado en dicho plan.

De igual forma, los demandantes solicitaron en las cortes otros interdictos para frenar las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que alegan son contrarias a PROMESA, se declare inconstitucional la Ley de Moratoria de 2016 y se anule la controversial Ley de Cumplimiento Fiscal, conocida como el Proyecto 938.

Los reclamos de los acreedores que, de ser acogidos por los jueces, podrían dejar al Gobierno inoperante e incluso limitar el margen de acción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los oficiales electos de Puerto Rico, están detallados en cuatro extensas demandas incoadas ayer por varios fondos de cobertura de riesgo encabezados por Aurelius Investments, la Coalición de Bonistas Principales de Cofina y la aseguradora Ambac Assurance Corp.

“Con esta acción, los demandantes buscan un remedio de interdicto para requerir al secretario (de Hacienda) que aplique todos los recursos disponibles del Gobierno para pagar a tiempo todas las cantidades que están o estarán vencidas en los bonos en cuestión, como la Constitución requiere”, reza la demanda encabezada por Aurelius, la firma de inversiones que mantuvo una disputa de una década contra el gobierno de la Argentina, cuando esa economía incumplió con su deuda externa.

Aurelius, Jacana Holdings, Lex Claims y Monarch son parte de sobre una decena de fondos de cobertura de riesgo que adquirieron unos $1,400 millones de la emisión de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) que Puerto Rico vendió en marzo de 2014.

Entonces, tales fondos condicionaron la compra de la emisión a que el Gobierno aceptara litigar cualquier controversia en las cortes de Nueva York, el mismo foro que falló repetidamente contra Argentina, a pesar de que esa economía llegó a acuerdos con la mayoría de sus acreedores.

Durante meses, el grupo ha procurado llegar a un acuerdo con el Gobierno y, según varias fuentes de este diario, ha sido el único grupo que ha mantenido conversaciones constantes con la administración de Ricardo Rosselló Nevares, al punto de que, a...

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