Brecha entre pobres y ricos SUPREMO PROCURA MÁS ACCESO

Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

Se trata de una comisión que asesorará a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) sobre acceso a la justicia. Este será uno de los últimos proyectos que el juez presidente se propone dejar encaminado antes de acogerse a la jubilación en abril próximo cuando cumpla 75 años, como manda la Constitución.

La comisión asesora estará integrada por representantes de las siguientes organizaciones: Servicios Legales de Puerto Rico, Sociedad para Asistencia Legal, Oficina Legal de la Comunidad, Pro Bono del Colegio de Abogados, las clínicas de las facultades de Derecho del país, así como por jueces y juezas activos.

Entre sus encomiendas, esta comisión deberá recomendar a la Directora Administrativa de los Tribunales legislación para adelantar mecanismos de financiamiento y servicios legales para la representación legal de personas indigentes y las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

"A la luz de nuestras experiencias en las comisiones que prepararon los Protocolos para Manejo de Casos de Personas sin Hogar y el Protocolo Interagencial para Casos de Violencia Doméstica, confiamos en que tendremos recomendaciones importantes de medidas que ampliarán el acceso a la justicia", indicó Hernández Denton.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año cumple 65 años de aprobación en las Naciones Unidas, en su artículo octavo, establece: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".

Una de las dimensiones de ese artículo es si todas las personas tienen acceso igual a la justicia. A la pregunta de si verdaderamente los pobres tienen igual acceso que las personas pudientes al sistema de justicia puertorriqueño, Hernández Denton dijo que "en teoría, sí debe haber igual acceso entre todos los ciudadanos, sin distinción de tipo alguno. En un sentido estricto, ese acceso igualitario a los tribunales existe. Es decir, una persona que se propone iniciar un pleito o buscar la intervención de los tribunales no será discriminada por ser indigente".

"Pero, en la práctica, reconozco que los costos de litigación hacen más difícil y oneroso para los sectores de escasos recursos económicos instar reclamaciones judiciales para vindicar sus derechos, que para quienes tienen suficientes recursos", aceptó Hernández...

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