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Vincent

WASHINGTON.- La nueva legislación de status de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, persigue que el Congreso incorpore a Puerto Rico como territorio si los electores de la isla votan a favor de la estadidad en un referéndum el 3 de noviembre de 2020.La estadidad se haría efectiva a más tardar 30 meses después, en mayo de 2022, de acuerdo con las intenciones del proyecto de ley que González dio a conocer ayer.Aunque no se prevé que se apruebe, la medida busca que el gobierno de EE.UU. le ofrezca a Puerto Rico, por vez primera, la estadidad.La legislación, a su vez, reafirma la intención del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) de celebrar en noviembre del próximo año, junto con las elecciones generales, un referéndum estadidad sí o no, con el visto bueno del secretario de Justicia de Estados Unidos.Bajo el lenguaje de una ley federal de 2014, el secretario de Justicia de Estados Unidos puede aprobar la papeleta electoral y la campaña educativa que desarrolle la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en torno a un referéndum dirigido a resolver el dilema del status político de Puerto Rico, a cambio de $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta.Para el más reciente plebiscito, del 11 de junio 2017, pese a iniciar las consultas oficiales, el gobierno de Puerto Rico no esperó por el visto bueno del secretario de Justicia estadounidense."Este histórico proyecto de ley nos encamina hacia la igualdad política que nuestro pueblo se merece. Se le presentará al pueblo de Puerto Rico una consulta avalada por el gobierno federal, donde se les preguntará a los ciudadanos americanos que viven en la isla: ‘¿Aprueban que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión, sí o no?’", indicó González.Pero, en la conferencia de prensa, González afirmó que aunque no haya una nueva legislación federal e incluso sin el aval del Departamento de Justicia de EE.UU., el gobierno de Puerto Rico todavía debe convocar a un referéndum estadidad sí o no en noviembre de 2020.La comisionada González reconoció que su propuesta de status interrumpiría los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, pues el ente fiscal ha indicado que requerirá por lo menos hasta 2024 para cumplir con su encomienda de reestructurar la deuda, asegurar cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el regreso de los bonos de la isla a los mercados financieros de Estados...

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