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Busca remedio con suplidores

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Vincent

Hace una semana, el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) demandó a cientos de contratistas del gobierno, bonistas y banqueros de inversión con la expectativa de recuperar millones de dólares en pagos que pudieron hacerse de manera ilícita antes del proceso de bancarrota de Puerto Rico.Ahora, luego que abogados y organizaciones empresariales en la isla alertaran en las páginas de El Nuevo Día sobre una posible crisis de acceso a la justicia y del potencial impacto adverso que las acciones de la JSF podían tener en cientos de empresas locales, el organismo fiscal parece recoger velas.Ello, porque ayer el directivo de la JSF y exjuez, Arthur González, reveló que el organismo trabaja en un proceso "informal" para que los contratistas demandados o aquellos que han firmado acuerdos de negociación puedan demostrar que los pagos recibidos fueron legítimos, pues se dieron en el curso ordinario de las actividades del gobierno.Diseñar el proceso podría tomar cerca de un mes, estimó González, al agregar que la JSF recurrió a los tribunales ante el fin de los límites estatutarios provistos en el Código de Quiebras para que un deudor pueda presentar acciones contra terceros.Mientras ese proceso toma forma, fuentes de este diario aseguran que, en poco más de una semana, la JSF acudirá ante la jueza Laura Taylor Swain para pedir a quien preside los casos de Título III de Puerto Rico que extienda temporalmente el plazo para que los contratistas contesten las demandas en su contra."La idea respecto a la resolución de los temas con los contratistas que fueron sujeto de demanda es, como dijo el juez González, tratar de hacer el proceso lo más eficiente y menos costoso posible", explicó el asesor legal general de la JSF, Jaime El Koury.El Koury sostuvo que el organismo pondera emplear el recurso de mediación para llegar a entendidos con los suplidores, y también algún mecanismo "informal" que permita intercambiar información entre las partes sin la necesidad de contratar abogados.Entre el 30 de abril y 2 de mayo, el CRE demandó a unos 320 contratistas con la intención de recobrar de estos los pagos efectuados por el gobierno entre 90 días y cuatro años antes de la radicación del Título III de Promesa. Para esa misma fecha, el CRE y el UCC también demandaron a cientos de individuos que son bonistas de la isla y a bancos de inversión que se alega se habrían enriquecido...

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