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Buscan cortar paso a la corrupción

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Vincent

Los arrestos de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila Marrero, al igual que las revelaciones del chat de Telegram que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares acentúan la urgencia de adoptar reformas concretas que eviten actos de corrupción.En entrevista con El Nuevo Día, la contralora Yesmín Valdivieso, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Cecilia Colón Ouslán, y la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, Yolanda Cordero Nieves, al igual que el experto en fraude ocupacional Eduardo González Green, coincidieron en que no necesariamente hacen falta nuevas leyes, pero sí atemperar y hacer cumplir las vigentes.Según el estudio de Fraude Ocupacional 2018, de la fundación del CCPA, las estafas contra entidades públicas y privadas en Puerto Rico costaron unos $1,956 millones a la economía de Puerto Rico para el año 2017.Partiendo del estudio, indicó González Green, el gobierno se ha convertido en la principal víctima de fraude en Puerto Rico y su costo -al considerar casos investigados y cerrados- rondó los $300 millones en el 2017. Esa cifra equivale al presupuesto de los 78 municipios de Puerto Rico.Debilidad conocidaDe acuerdo con Valdivieso, la Contraloría lleva años señalando que uno de los principales problemas en la administración pública es la falta de controles internos en las agencias y municipios a lo largo y ancho de Puerto Rico. Los controles internos son una serie de disposiciones o procedimientos para evitar malas prácticas o delitos, como el aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado, pérdida de información o conflictos de intereses."Es importante entender que la persona que compra, la que recibe lo que se compró, la que hace el cheque y quien reconcilia la cuenta de banco no sea la misma persona", ejemplificó Valdivieso.En la práctica, según la contralora, es otra cosa.La funcionaria explicó que, en muchos de los casos que examina, puede que los controles internos de la agencia o municipio "estén preciosos en papel", pero a raíz de la pérdida de empleados públicos y la congelación de puestos de carrera, la separación de deberes -indispensable en ciertas instancias- no existe y, en otros casos, a falta de trabajadores, las tareas simplemente no se llevan a cabo.Por meses, mucho antes que el 10 de julio Puerto Rico amaneciera con otra de las ya familiares mañanas de...

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