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CA0606_0004

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Vincent

Para lo único que servirá el plebiscito de estatus es para evidenciar que el País está siendo administrado por un Gobierno oportunista, mendaz y deshonesto con el pueblo puertorriqueño. Lo demuestra la forma en que se ha manejado todo el proceso plebiscitario, desde la radicación del proyecto de ley hasta la campaña de miedo desarrollada en los medios de comunicación. La Ley 7 de 2017, “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, mediante la cual se redactó el plebiscito, resultó una ley defectuosa que menoscaba principios democráticos y se vale de falsos argumentos para engañar al electorado con el propósito deliberado de adelantar la agenda política del Partido Nuevo Progresista. El proceso plebiscitario, gestado en confabulación entre el gobernador Ricardo Roselló y la mayoría legislativa, evidencia que no se ha tenido reparo alguno en moldearlo a su antojo y en forma acomodaticia. Eliminar el Estado Libre Asociado (ELA) e incluir la opción de la coalición entre la Independencia y la Libre Asociación sirve para acomodar el plebiscito a conveniencia del partido de Gobierno.

El Departamento de Justicia federal levantó objeciones y obliga a incluir como opción el estatus actual, advirtiendo además, que la ciudadanía americana no es exclusiva de la estadidad, como falsamente se informó, pues se obtiene bajo el ELA. Se aclara que la Independencia y la Libre Asociación es lo mismo. Los señalamientos federales reconocen que la votación dista de ser un verdadero ejercicio democrático, y por ende no resultaría en la autodeterminación que los Estados Unidos han estado dispuestos a respaldar. Con esta...

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