Cuando cada chavito cuenta
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
El presupuesto actual partía de una simple premisa: se tenía que tomar prestado unos $820 millones para poder cuadrar la caja. Pero, contrario a años pasados, esta práctica parece inaccesible por el deteriorado crédito del gobierno y la falta de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Es una amenaza conocida de cerca por las casas acreditadoras, que han expresado abiertamente sus dudas en cuando a la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones fiscales, sin poder tomar dinero prestado.
El BGF ha expresado su intención de emitir nueva deuda pública en algún momento de este mes o en febrero. Reportes del banco indican que aunque sus libros están maltrechos, cuenta con el dinero para prestar los $820 millones que necesita el gobierno. Pero no le quedaría mucho más. Así que el gobierno ha optado por empezar a ajustarse el bolsillo.
"Estamos enfocados en nuestro plan de tomar todas las medidas necesarias para acceder al mercado de bonos. Vamos a seguir con el plan de austeridad vigilado las contrataciones y las deficiencias", aseguró la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila.
Según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, el gobierno intenta evitar a toda costa un sobregiro. Sin embargo, los aprietos surgen debido a los enormes desembolsos que tendrán que hacer por las liquidaciones de los miles de empleados públicos que se retiraron este año por la Ley 70 de jubilación temprana y las reformas a los sistemas de retiro del gobierno. El gobierno había creado dos reservas en el presupuesto para este tipo de gastos que suman $135 millones. Pero tal vez ese dinero no sea suficiente si en alguna agencia se gasta más de lo debido.
"Lo bueno es que hasta ahora el presupuesto se ha administrado según fue diseñado y eso nos está dando ahorros", dijo Rivas.
El miércoles, Rivas anunció que el gobierno central logró ahorros de unos $135 millones en los primeros cinco meses del año fiscal 2014. Parte de esa cifra se debe a la baja de $19 millones en gastos de nómina en comparación con lo proyectado en el presupuesto que ya contemplaba recortes por este concepto. Rivas precisó que desde enero se han ido del gobierno central unos 17,573 empleados públicos. Sólo 7,733 de estos trabajadores han sido reemplazados por nuevos reclutamientos. Es decir, el 56% de las plazas las congelaron.
"Y muchos de los que se reemplazaron son empleados de confianza con el...
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