Cambian las fichas del juego
WASHINGTON.- Al condicionar su aval a un próximo referéndum a la inclusión del status territorial y desechar la consulta de 2012, el gobierno del presidente Donald Trump pareciera querer mirar el debate sobre el futuro político de Puerto Rico como si estuviera sobre una ‘tabula rasa’.
La consecuencia de no considerar la anterior consulta, a corto plazo, ha obligado al gobernador Ricardo Rosselló a comprometerse a enmendar el plebiscito para incluir el status actual, comúnmente llamado Estado Libre Asociado (ELA).
Pero, las respuestas dadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos –al establecer que la ley que reglamenta un plebiscito para el 11 de junio entre la estadidad y la soberanía política (libre asociación o independencia) no cumple con la política pública del gobierno federal– ponen también en entredicho la fecha de la consulta y la intención de Rosselló de que el próximo voto sobre el status se entendiera como si fuera una “ratificación” del apoyo a la estadidad.
A su vez, como un recordatorio, ha vuelto a cerrar la puerta a la posibilidad de desarrollar el status territorial del ELA.
“Nos están tratando un poco mejor que la basura. Quieren que sigamos en esta relación colonial”, afirmó ayer el abogado estadista Domingo Emanuelli, quien considera que la respuesta del gobierno de Trump al plebiscito local “es un ataque grande a la dignidad del puertorriqueño”, independientemente de su ideología, y no debió ser aceptada por el gobernador.
Tras recibir el jueves en la tarde una carta del subsecretario interino de Justicia federal, Dana Boente, en la que oficialmente se establece que el plebiscito legislado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) no cumple con la política pública federal, debido a la exclusión del “status territorial vigente”, Rosselló se expresó por Twitter desafiante.
Pero, poco más de tres horas después, el goberador –quien ayer no hizo comentarios– anunció que enmendarán la ley local para incluir la opción del territorio.
OTRA ADVERTENCIA. Por si acaso, el Departamento de Justicia advirtió ayer que si aún se quiere el aval del secretario Jeff Sessions y los $2.5 millones asignados por el Congreso para ayudar a financiar un referéndum dirigido a “resolver” el status político de Puerto Rico, como propone un estatuto federal de enero de 2014, se le tiene que dar “suficiente tiempo” para revisar cualquier enmienda.
“Si el gobierno de Puerto Rico revisa la papeleta o los materiales relacionados con...
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