Cambio drástico a las corporaciones
Por Gerardo E. Alvarado León
galvarado@elnuevodia.com
Más aún, las corporaciones públicas son fuentes de "clientelismo político", ya que proveen oportunidades de empleo y contratos a los seguidores del partido de turno. En general, la mayoría carece de supervisión, una política pública de rendición de cuentas y transparencia a todos los niveles.
Este panorama lo describió el Centro para la Nueva Economía (CNE) en su más reciente informe titulado "Repensando la gobernanza de las empresas estatales de Puerto Rico", que ofreció como solución establecer un nuevo "marco de gobernanza" para las corporaciones públicas. Este nuevo "marco de gobernanza" crearía una estructura o junta reglamentadora independiente, que velaría por el fiel cumplimiento de los objetivos de política pública de cada corporación.
La Oficina del Contralor define a las corporaciones públicas como instrumentos que ofrecen servicios económicos o sociales para el pueblo en nombre del Gobierno, pero como entidades jurídicas independientes. Mientras, el Código Civil las distingue de las agencias por tener ingresos propios, gozar de autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y tener cuentas bancarias, poseer propiedades y concretar acuerdos, tener junta de directores, aceptar donaciones, demandar y ser demandadas.
La propuesta junta reglamentadora independiente sería un ente de nueva creación o estaría adscrita al Departamento de Hacienda o al Banco Gubernamental de Fomento, indicó el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach. Se necesitaría legislación para poder crearla.
Una de sus funciones sería evaluar la posibilidad de fusionar corporaciones públicas que realicen funciones similares. Esto redundaría en eficiencias administrativas, servicios de calidad y ahorros. No hay estimados de cuánto serían esos ahorros.
Empero, el CNE informó que las corporaciones públicas devengan ingresos anuales por $ 8,900 millones o el 13% del Producto Nacional Bruto. Esto contrasta con la deuda de $ 43,288 millones que las corporaciones públicas reportaron en el 2010, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La OGP identificó una "tendencia incremental significativa" en la deuda pública de las corporaciones en la pasada década. A juicio del economista José Alameda, si esa tendencia continúa las corporaciones públicas encararían una de estos tres escenarios: comprometer sus ingresos brutos para poder pagar sus deudas, pedir subsidios al Fondo General o...
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