Sin cambios el curso de los casos de Título III
Mientras el pasado miércoles, el huracán Irma mostraba su fuerza en el litoral norte de Puerto Rico, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, emitió una orden para detallar el procedimiento que llevará a cabo para resolver los dos pedidos de desestimación de Título III que pesan contra el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En una orden de dos páginas que fue seguida por una segunda orden clarificatoria, Swain indicó que se propone dirimir la controversia entre el fondo de inversiones Aurelius Management y el gobierno en la audiencia en noviembre próximo.
Mientras, Swain dio al gobierno de Estados Unidos hasta los días 6 y 16 de octubre para informar, respectivamente, si intervendrá en el recurso presentado por Aurelius contra el gobierno central y en el proceso adversativo incoado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) contra la principal utilidad eléctrica de Puerto Rico y que en esencia, quedó inoperante tras el paso del huracán Irma.
Hace unas semanas, Aurelius acudió a la corte indicando, entre otras cosas, que el proceso de ajuste de deudas que persigue el gobierno de Puerto Rico a través de la ley federal PROMESA es nulo.
Según Aurelius, el pedido de auxilio radicado en nombre de Puerto Rico por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es nulo porque el ente federal que rige las finanzas del gobierno territorial se constituyó en contravención de lo dispuesto en la constitución estadounidense. Esto, cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama nombró a los integrantes de la JSF sin que estos tuvieran el consentimiento del Senado federal.
El pedido de la UTIER, sindicato que busca invalidar el proceso de bancarrota en la AEE que sentaría las bases para la privatización de la corporación pública, parte de premisas sustancialmente similares.
La moción de Aurelius. Según la orden de Swain, tanto el gobierno como cualquier otra parte de interés que interese oponerse al pedido de Aurelius tiene hasta el próximo 3 de octubre para presentar sus argumentos y Aurelius tendría hasta el 17 de octubre para replicar.
Mientras, el gobierno estadounidense tendrá hasta el 5 de noviembre próximo para expresar su postura, habida cuenta que los reclamos de Aurelius y la UTIER buscan refutar la legalidad de PROMESA, una ley aprobada por el Congreso federal.
Swain sostuvo que dirimirá los argumentos de la moción de Aurelius en la audiencia del 15 de noviembre.
La demanda de la UTIER...
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