Carísima la reforma de la Policía
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
La negociación ocurre en momentos en que La Fortaleza sostiene que se enfrenta a un déficit más alto del que se esperaba -unos $2,000 millones- y Washington pone en marcha recortes automáticos indiscriminados que pueden complicar la disponibilidad de fondos y quitarle a la Isla alrededor de $126 millones entre marzo y septiembre.
"La Policía hay que rehacerla, equiparla, eso es algo indispensable con o sin la demanda federal. Estamos comprometidos a reformar la Policía. El único problema que tenemos es de recursos. Es lo único que nos limita", dijo el secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, en entrevista con El Nuevo Día.
Sánchez Betances, quien coordina a nombre del gobernador García Padilla las negociaciones finales en torno a la aceptación de la demanda sometida en contra del gobierno de Luis Fortuño el pasado 21 de diciembre, le planteó esta semana a la jefatura del Departamento de Justicia federal que deben asumir "más de dos tercios del costo de la reforma", que se ha calculado informalmente en "unos $300 millones".
En Washington, Sánchez Betances se reunió con el secretario adjunto para Derechos Civiles, Thomas Pérez, el secretario asociado, Tony West, y su ayudante Julie McEvoy.
Las conversaciones sobre la reforma de la Policía también se dieron esta semana en el Departamento de Justicia de Puerto Rico entre abogados y expertos de ambos gobiernos. Al regresar ayer a San Juan, Sánchez Betances se integraba a esas otras reuniones.
"No puedo decir que esa cifra (de $300 millones) está científicamente comprobada, pero es la cifra que todo el mundo menciona", señaló Sánchez Betances.
A la ciudad de Los Ángeles, la reforma de su policía, un proceso que se extendió por casi una década, pudo costarle cerca de $200 millones. Los Ángeles tiene unos 10,000 agentes, un tercio menos del total de agentes activos en la Policía de Puerto Rico.
La demanda federal en contra de la Policía de Puerto Ricio fue sometida 15 meses después del informe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal que denunció una crisis de derechos civiles debido a la constante represión de manifestaciones públicas, discrimen hacia los dominicanos, corrupción y falta de transparencia, entre otras cosas.
El gobierno de García Padilla tiene hasta el 15 de abril para determinar si acepta las condiciones de la reforma.
Para el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, el Gobierno de Puerto...
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