La carta maldita
Estas cosas pasan cuando un país está bajo el control de otro: una simple carta, de dos páginas y un cuarto, firmada por un burócrata al que nadie aquí le ha visto ni la cara, llegada un Jueves Santo, vira patas arriba todo el panorama y barre los márgenes dentro de los cuales, por un tiempo, creímos que se iba a conducir la discusión del problema fundamental del status político de Puerto Rico.
Eso fue lo que pasó cuando el jueves el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, en una carta firmada por su principal subalterno, Dana J. Boente, se negó a certificar la papeleta de la consulta de status del 11 de junio, por no incluir al desprestigiado Estado Libre Asociado (ELA) territorial en el proceso y repartiendo macetazos a partes prácticamente iguales entre todas las demás fórmulas.
La primera revelación que se nos desnudó el jueves fue que Estados Unidos sigue considerando al ELA territorial como una opción para Puerto Rico. Durante la administración del expresidente Barack Obama abundaron las señales de que Washington no le veía futuro al status colonial y discretamente nos preparaba para lo que Pedro Albizu Campos llamó “la suprema definición”: elegir entre seguir nuestro camino como nación independiente o integrarnos plenamente a Estados Unidos.
Así fue interpretada la postura que asumió el Ejecutivo estadounidense en el caso Sánchez Valle, al plantear en la corte, sin que nadie le preguntara, que Puerto Rico nunca había alcanzado pleno gobierno propio y que seguía sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que da poderes plenos al Congreso de ese país sobre los territorios como Puerto Rico.
Con su postura en el caso Sanchez Valle, Estados Unidos renegó de la posición que había sostenido por décadas en el sentido de que en el 1952 Puerto Rico había dejado de ser una colonia.
Poco después, vino la ley PROMESA, que desbarató la última ilusión de gobierno propio aquí y que, aunque fue aprobada por un Congreso republicano, contó con el entusiasta auspicio de Barack Obama.
Basado en estos eventos, y en el hecho de que en el 2012 el 54% de los puertorriqueños dijo que ya no le interesaba vivir en un status territorial, fue que el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó una papeleta en la que el ELA colonial no estaba entre las alternativas.
Sorpresa: la nueva administración republicana en Estados Unidos no tiene empacho en ofrecerles a los puertorriqueños una opción colonial. En la carta maldita...
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