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Caso por servicios educativos no será paralizado

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Vincent

Para evitar la paralización de una de las fases del pleito de clase Rosa Lydia Vélez por incumplimiento con los servicios a estudiantes de Educación Especial, los abogados de los demandantes negociaron un acuerdo con el Estado que permitirá que el Departamento de Educación reduzca a la mitad el dinero que debe pagar a raíz de una multa por no atender adecuadamente a los niños con impedimentos y condiciones de salud.

A partir de 1 de julio de 2017, la multa diaria que paga el Gobierno se reducirá de $10,000 a $5,000, precisó el abogado de los demandantes, José Torres Valentín. Con este acuerdo, trabajado a petición del gobernador Ricardo Rosselló, el pleito de clase Rosa Lydia Vélez no formará parte de las reclamaciones contra el Estado paralizadas automáticamente luego que la Junta de Supervisión Fiscal solicitara la reestructuración de la deuda pública bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.

“El acuerdo, el compromiso es que los abogados de Departamento de Justicia no incluirán como caso a paralizar la fase del interdicto y ejecución de sentencia del pleito Rosa Lydia. Bajo la ley PROMESA, el Gobierno tiene la prerrogativa de determinar qué es un servicio esencial y se han comprometido que la educación es uno de ellos. Así, la sentencia por estipulación del 2002 no sufrirá cambios y se continuará con el proceso de monitoría para garantizar su cumplimiento”, sostuvo Torres Valentín.

No obstante, la fase de reclamación de daños –que estuvo paralizada por décadas y apenas se reactivó el año pasado– nuevamente quedará suspendida, reconoció el abogado. De esta manera, las 6,500 solicitudes de reclamación que se radicaron en los últimos meses por parte de padres, encargados o adultos con impedimentos que consideran que no recibieron servicios adecuados de Educación Especial podrían quedarse sin atender.

A través del acuerdo, Educación pagará una multa diaria de $5,000 durante los próximos dos años; luego se restablecerá la cifra original de $10,000. Asimismo, el Gobierno dejará de pagar al tribunal $100,000 cada trimestre para cubrir los gastos y honorarios del comisionado, la monitora y otros funcionarios nombrados para velar por el cumplimiento de la sentencia, según el texto del acuerdo, del cual este diario obtuvo copia.

Estos recortes en pagos no implican que habrá reducciones en el presupuesto del Departamento de Educación para costear los servicios de Educación...

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