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causa para arresto POR traqueteo con pruebas

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Vincent

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Juan Maldonado y a Aaron Vick, quienes eran representantes de la empresa Apex General Contractors, por la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020.Lo hizo ayer tras determinar que el Fiscal Especial Independiente (FEI) tiene jurisdicción para encausar a estos individuos, pese a que no son funcionarios públicos.De inmediato, fijó una fianza de $250,000 contra Maldonado, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. No se le colocó un grillete electrónico y solo se le impuso una restricción de horario, dijo su abogada Mayra López Mulero.A Vick, entretanto, la jueza permitió que fuese acusado en ausencia, por lo que emitió en su contra una orden de arresto con una fianza de $200,000.Maldonado, quien era el abogado gestor del controvertible contrato otorgado a la empresa Apex General Contractors, estuvo presente en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, cuando los FEI Ramón Mendoza, Manuel Núñez y Juan Catalá radicaron los cargos en su contra por tentativa de fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en procesos gubernamentales.Vick, quien aparecía como el enlace de la empresa Apex General en la transacción, no pudo ser contactado por los fiscales y, presuntamente, no reside en la Isla. Este fue acusado en ausencia de iguales cargos, exceptuando la falsificación de documentos privados.Ambos acusados se exponen a una pena básica de tres años de prisión.Una conferencia, previo a la vista preliminar, fue citada para el próximo 18 de noviembre. La vista preliminar quedó, entretanto, pautada para el 22 de noviembre.López Mulero anticipó que apelará la decisión de la jueza en torno a que el FEI tenía jurisdicción para acusar a individuos que no son funcionarios públicos. Esto podría paralizar el proceso judicial."Vamos a insistir que el FEI no tiene jurisdicción después de haber exonerado a todos los funcionarios públicos", afirmó la abogada.El fiscal Mendoza, por su parte, aceptó que no se acusaron funcionarios públicos, pues no contaban con prueba suficiente para sostener ningún delito en su contra.En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la...

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