Causa malestar acción de 19 alcaldes
El endoso que dio un grupo de alcaldes penepés a la derogación de la Ley de Despido Injustificado (Ley 80-1976) ha puesto en pausa la iniciativa para crear una organización que agrupe tanto a alcaldes rojos como azules.
De hecho, ese aval que dieron el jueves pasado 19 de los 33 alcaldes de la Federación de Alcaldes -que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP)- a la eliminación de la Ley 80 como parte del proceso para crear el presupuesto del país para el próximo año fiscal ha causado malestar entre los ejecutivos municipales.
Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes -que reúne a los alcaldes populares- trabajan en propuestas para crear un ente unido que abogue por el beneficio de los pueblos y sus constituyentes. Las iniciativas en las que trabajan, luego de ser avaladas por sus respectivas matrículas, serían presentadas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque al momento está en suspenso una reunión de seguimiento con el presidente del ente, José Carrión.
“Eso ha quedado en nada hasta que no se resuelva esto de la Ley 80”, reconoció el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.
“Hasta que pase toda esta turbulencia y los alcaldes terminen de trabajar con los presupuestos municipales... La discusión de la Ley 80 nuevamente ha polarizado a los alcaldes y hace que posponga esa reunión para poder materializar una sola organización”, sentenció el alcalde pepiniano novoprogresista.
Luego de negociar con la JSF, el gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que se requiere la derogación de la Ley 80 para que se apruebe el presupuesto del próximo año fiscal. A cambio, se establecería un fondo municipal de $50 millones anuales y otro para la Universidad de Puerto Rico de $25 millones anuales para becas, mientras que los municipios tendrán garantizado el fondo de $78 millones para este año.
Los legisladores de la mayoría novoprogresista están divididos en cuanto al tema y han exigido evidencia para derogar la Ley 80, que concede protección a los empleados del sector privado contra despidos arbitrarios.
Los 19 alcaldes federados aprobaron el jueves, luego de reunirse con el goberndor, una resolución apoyando la eliminación de la Ley 80. Entre esos alcaldes estaba el de Barranquitas, Francisco López. “Yo vi el macro y no el micro. Entiendo que no es momento y no le conviene a Puerto Rico estar en los tribunales (para enfrentarse a la JSF)”, dijo el alcalde, quien de paso se autoproclamó “cuasi...
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