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Causan revuelo los proyectos de energía renovable

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Vincent

La abogada Mayra López Mulero aseguró ayer que su cliente, el abogado Juan M. Maldonado de Jesús no fue parte de las negociaciones entre X-Zerta Solar Tec LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que hace una semana, resultaron en la aprobación de un contrato de compra de energía (PPOA en inglés) por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).López Mulero confirmó que, tal y como reseñó El Nuevo Día, su cliente fungía como presidente y principal oficial ejecutivo de X-Zerta y que este dejó la empresa el año pasado, en medio de los cuestionamientos que surgieron en torno a la compra de pruebas para detectar el coronavirus por parte del Departamento de Salud, transacción en la que Maldonado de Jesús fue parte a través de Apex General Contractors.Acto seguido, la abogada indicó que no tenía información acerca de los ejecutivos o accionistas de X-Zerta, el contrato que la JSF aprobó la semana pasada."Quien debe contestar por qué se dio ese contrato es (Natalie) Jaresko", indicó López Mulero.Al cierre de la edición, la JSF no había contestado un pedido de información. La AEE indicó que ofrecería su reacción sobre el tema el próximo lunes."Me parece inaudito que se siga estigmatizando a cualquier ciudadano por cualquier gestión que pueda hacer para una transacción", agregó la abogada.Esta semana, el nombre de Maldonado de Jesús fue la constante en los círculos financieros y energéticos del país, luego de que la JSF aprobara los contratos de X-Zerta Solar Tec y CIRO One Salinas para generar unos 150 megavatios de energía renovable.La decisión se produjo luego de más de un año de negociaciones entre la AEE y sobre una veintena de productores de energía renovable, un ejercicio que se dio en el contexto del proceso de Título III que sigue la corporación pública.Como parte de ese proceso y con el conocimiento de la JSF, la AEE tenía la obligación de conseguir una rebaja en el costo del kilovatio hora que los productores de energía renovable con PPOAs le venderían a la corporación pública.Aquellas negociaciones se dieron mientras el Departamento de Salud —desesperado por conseguir un suplidor de pruebas rápidas para detectar el novel coronavirus— contrató para tal encomienda a Apex, pagando unos $38 millones.Según la investigación de El Nuevo Día y una investigación legislativa de la que no se conoce consecuencia, Maldonado de Jesús habría gestionado la millonaria y confusa transacción en favor de Apex.Para aquel momento, Maldonado de Jesús...

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