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Chocan opiniones por nuevo plan

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Vincent

Como un paso en la dirección correcta, aunque con serias contradicciones, fue ayer la reacción de expertos a la declaración de emergencia por parte del gobernador Pedro Pierluisi ante la erosión costera, que asigna $105 millones para las iniciativas de prevención y mitigación para atender esta problemática.Se trata de la Orden Ejecutiva 2023-009, la cual describe la erosión costera como "una amenaza para la vida, salud, seguridad de los residentes de la isla, así como la propiedad pública y privada en Puerto Rico localizada en la zona costanera".Entre las iniciativas, la orden dispone que el gobierno no desarrollará más instalaciones públicas en las costas. En específico, ordena el desarrollo de un plan "para -en cuanto sea posible, conveniente y fiscalmente viable- localizar nuevas obras de infraestructura, que no sean dependientes o para el disfrute del mar, fuera de la zona costanera". La acción no contempla las construcciones privadas, en parte responsables del daño.Sobre la infraestructura crítica que ya está en la zona costanera, dispone que, en caso de que se deteriore y amerite ser reemplazada o reconstruida, "se deberá evaluar la viabilidad fiscal" de su relocalización "planificada y ordenada"."Es una gran contradicción, o sea, hemos visto los hoteles, los condominios. Hay que paralizar esas construcciones", opinó Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. "Estamos de acuerdo en que hay que paralizar las construcciones en la zona costera, y el primero que tiene que cumplir con eso es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)".La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, reconoció que la orden no considera la totalidad de la problemática de erosión costera. Sin embargo, afirmó que la agencia que lidera, la OGPe y la Junta de Planificación "están muy pendientes a los nuevos proyectos", en la zona costanera.Por otro lado, el DRNA -en colaboración con los municipios y otras entidades- deberá hacer un inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera. La orden da paso a la demolición y remoción de tales estructuras, así como de aquellas estructuras "que sean estorbos públicos".Rodríguez Vega, quien describió esta acción como "la ruta correcta para llevar a cabo unos planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo que, al final del día, van a impactar generaciones", destacó que el procedimiento...

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