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El ciudadano ante la barbarie

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Por Benjamín Torres Gotay

btorres@elnuevodia.com

Sabía que decenas de mujeres han muerto este año, y cientos en los pasados, a manos de hombres incapaces de lidiar con la libertad de su expareja para decidir cómo quiere vivir. Sabía que ella podía ser la próxima. Pero no lo sabía porque decenas hubieran muerto, ni porque la incandescencia del infierno brillara en los ojos desquiciados de su exmarido.

Lo sabía por razones harto más simples: él mismo lo había dejado saber en términos inequívocamente claros. "Tú mamá y yo nos vamos para el cielo. La voy a matar", le dijo el hombre a una de las tres hijas que había procreado con la mujer, según reveló esta semana la procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez.

Jennifer hizo lo que se supone que una persona en ese predicamento haga en un país de ley y orden: fue a la corte a buscar auxilio. Pero en la corte, por razones imposibles de comprender, dos jueces trataron a un hombre que tenía la palabra asesino marcada en la frente como alguien a quien estuviesen procesando porque el tinte de los cristales de su auto fuera más oscuro del permitido por ley.

El hombre, Nelson Crespo Feliciano, acechaba y amenazaba a Jennifer, le había dicho a sus hijas que la iba a matar, se pasaba por donde no le da el sol las órdenes de protección y había mostrado una mórbida determinación por hacerle daño. Nada de eso fue suficiente para que fuera puesto fuera de circulación.

El pasado 10 de noviembre, un día después de haber sido excarcelado tras pagar una fianza, sin condición de clase alguna y sin que siquiera se le notificara a la víctima, Crespo González interceptó a Jennifer a la entrada de un supermercado en Aguadilla, le entró a tiros delante de las hijas de 6, 4 y 2 años de la pareja y después se suicidó.

Jennifer sobrevivió el bestial ataque. Pero la sangre que derramó, más el trauma con el que cargarán por toda su vida ella y sus hijas, son responsabilidad de los jueces Diómedes González y Rafael Ramos, quienes tuvieron a Crespo en su sala, el primero en cuatro ocasiones, y no tomaron las medidas necesarias para evitarle este amarguísimo trago a la víctima y a la sociedad.

Este caso es el ejemplo más dramático que hemos visto en los últimos meses del grave problema que tiene el País con la falta de legitimidad de las instituciones públicas. A pesar de lo mucho que se cacarea aquí de lo grande que es el Estado, de los muchos recursos que consume y de lo metido que presuntamente está en las vidas de todos...

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