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Un código anacrónico

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Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

El estatuto, tal y como fue aprobado el año pasado, es "vago" e "impreciso" en sus definiciones y ni siquiera tipifica como delito las transferencias ilegales, por las cuales 50 personas fueron referidas el jueves al Departamento de Justicia, al amparo del Código Penal.

Terminada la pesquisa sobre las mudanzas fatulas en Guaynabo, dos miembros del comité ad hoc que investigó el fraude electoral en esa ciudad hablaron ayer con El Nuevo Día, en su carácter personal, sobre los cambios urgentes que amerita el Código Electoral.

Los oficiales examinadores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el comité, Fernando Torres Ramírez y Gilberto Concepción Suárez, también advirtieron que el reglamento de la CEE en el que se basó la pesquisa del organismo debe ser evaluado.

En primer lugar, hay que revisar el artículo de las definiciones en el Código Electoral. "Hay un sinnúmero de frases y acepciones que no están definidas. Un buen código debe tener un catálogo de definiciones, un glosario", expresó Torres Ramírez, quien también es profesor de Derecho.

El informe que rindió el jueves el comité ad hoc, por ejemplo, recomienda definir términos tan básicos en el código como qué es una "inscripción", una "transferencia" y la "reactivación" de un elector.

Igual de preocupante que la ausencia de definiciones precisas son los silencios en el código. "Hay un sinnúmero de actos u omisiones que podrían ser igual de malas y dañinas a la sociedad como alguno de los pocos delitos que están allí tipificados", dijo Torres Ramírez.

El ejemplo más evidente es el de las transferencias, pero Torres Ramírez dijo que hay muchos más.

Expuso que en la sección de delitos electorales en el Código, el artículo que habla de violaciones al ordenamiento electoral no solo dispone que es un delito menos grave, sino que es impreciso.

"Las normas que configuran delito no pueden ser vagas e imprecisas porque violan el debido proceso de ley. Tienen que ser entendibles", destacó Torres Ramírez.

Concepción Suárez, por su parte, insistió en que hay que revisar las disposiciones de ley y reglamentos relativos a las directrices que se le dan a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). El veterano abogado pipiolo dijo que eso "es...

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