COJA LA EVALUACIÓN DE LOS JUECES
Por IsraEl Rodríguez Sánchez
israel.rodriguez@elnuevodia.com
Ese comité actúa solo porque se eliminó la posibilidad de que voces externas a la Rama Ejecutiva, como la del Colegio de Abogados, hagan sus propias evaluaciones y recomendaciones sobre los candidatos que someten solicitudes para la Judicatura por primera vez.
Llama la atención que una de las nominadas a jueza superior, la derrotada senadora novoprogresista Liza Fernández, fue la autora de la ley que en 2010 dejó fuera al Colegio de Abogados de la evaluación de candidatos a jueces y juezas, con lo que se dio un golpe a la pulcritud del proceso.
A esto se suma que en Puerto Rico no existe la carrera judicial, por lo que personas cercanas a políticos pueden ser premiadas con puestos de jueces de mayor jerarquía sin que tengan que empezar desde abajo como jueces de tribunales de primera instancia.
"Me parece que la evaluación no puede depender exclusivamente del proceso del Ejecutivo. Tiene que tener voces de instituciones y personas fuera de la Rama Ejecutiva, de entidades fuera del Gobierno. Se debe ampliar lo más posible de una manera formal y quizás incorporar a la academia", expuso Carlos E. Ramos, catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.
La consecuencia de que solo se siga la recomendación del Comité Evaluador de la Oficina de Nombramientos Judiciales -de la Oficina del Gobernador- es que el margen de error del Ejecutivo se amplía y que no se nombren a las personas idóneas, dijo Ramos.
"Como mínimo deben incorporarse las recomendaciones del Colegio de Abogados; y ojalá podamos emular la tradición de Estados Unidos, donde los presidentes antes de nombrar un juez o jueza federal siempre acostumbran, y se ha respetado, escuchar a la American Bar Association", agregó Ramos.
El exjuez y profesor de Derecho Fernando Torres Ramírez sostuvo que desde la década de 1960 está en debate cómo debe ser la evaluación adecuada para un candidato a juez. "Hay escritos de la propia Rama Judicial, de la academia, de gente de la práctica profesional", expuso.
"El objetivo es nombrar a las personas más competentes, más capacitadas desde el punto de vista intelectual y sin perder de perspectiva la experiencia y formación. Tiene que haber un balance de todo esto", explicó Torres Ramírez, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce.
Opinó que se debe crear una ley especial o un capítulo completo dentro de la Ley de la Judicatura que establezca...
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