Compás de espera para la AEE
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó ayer el inicio de la petición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de la Ley federal PROMESA exigiendo a esa corporación pública que haga todo lo posible por informar a los abonados acerca del proceso judicial que apenas comienza.
Sin embargo, el proceso que busca renegociar la deuda de la corporación pública por la vía judicial podría tomar un nuevo giro. Esto, porque ayer Swain dejó en el tintero un pedido de las aseguradoras National Public Finance Guarantee, Assured Guaranty, Syncora y el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) para que se levante la suspensión automática de litigios en esa corporación pública. Si la jueza accediera a esto, los reclamantes podrían entablar una demanda separada y solicitar a la corte que se nombre un síndico para que administre la AEE y se aumenten las tarifas de electricidad.
“Ellos (los acreedores) pueden llamar a nuestra posición como quieran... pero solo hay una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y una sola junta que representa a los deudores. Gracias a Dios que es así”, dijo el principal abogado del ente federal, Martin Bienenstock, mientras intentaba convencer a la jueza Swain de que no abra la puerta a un litigio en la AEE, cuando el procedimiento de Título III apenas comienza.
Ayer, los acreedores y la JSF iban preparados para entrar en una vista evidenciaria acerca del futuro de la AEE, lo que podría resultar en un aumento en la tarifa eléctrica para casi un millón de abonados en Puerto Rico.
Sin embargo, el asunto quedó integrado en la agenda de la audiencia general de los casos de Título III que Swain presidió desde la sala 3 de la Corte de Distrito de Puerto Rico en Hato Rey, junto a la magistrada Judith Dein y la líder del Equipo de Mediación de los casos de Título III, Bárbara Houser.
Allí, Bienenstock protagonizó un debate con Gregory Horowitz, del bufete Kramer Levin Naftalis & Frankel, uno de los asesores legales del grupo Ad Hoc-AEE. Este último reclamaba a la jueza su pronta intervención para evitar que la fuente de repago de unos $8,300 millones en bonos de la AEE continúe perdiendo valor.
La AEE llegó a un proceso parecido a la bancarrota el mes pasado, luego de incumplir por primera vez con el pago a los bonistas. En 2014, hizo lo propio, pero con los bancos que financiaban la compra de combustible.
“El valor de los ingresos (de la AEE) está en inminente peligro de disminuir”, indicó Horowitz.
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