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Compás de espera en la Uniformada

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Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

"Tenemos 90 días para contestar. Vamos a leer y estudiar el documento, y vamos a plantear cualquier recomendación que entendamos necesaria", dijo Pesquera al ser abordado sobre el tema mientras salía de su oficina en el Cuartel General de la Policía.

No quiso adelantar las conclusiones preliminares a las que han llegado ni las recomendaciones que harán para negociar, acatar o defenderse en el pleito que se ventilará ante el juez federal Gustavo A. Gelpí.

Pesquera rehusó contestar preguntas específicas sobre el pleito y el acuerdo tentativo que acompañó el documento que el gobierno entrante, encabezado por el gobernador electo Alejandro García Padilla, pretende enmendar. Para esto, se estipuló un plazo que vence el 15 de abril del próximo año.

Pesquera, en el pasado, se expresó en contra de una demanda a raíz de los hallazgos de la División de Derechos Civiles del DoJ, publicados en un informe en septiembre de 2011. De hecho, el gobernador saliente Luis Fortuño invirtió grandes sumas de dinero en cabilderos que intentaron evitar la presentación de la demanda civil.

El superintendente explicó su postura señalando que los procesos de reforma policial encaminados en el último año y medio de este cuatrienio mostraban la voluntad de cambio de la agencia, lo que hacía innecesario que se llegara a un acuerdo bajo la supervisión de los tribunales.

Ya para entonces la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había demandado a la Policía solicitando acciones correctivas para evitar las violaciones a los derechos civiles que ellos detectaron, muy similares a los contenidos en el informe del DoJ.

La demanda federal, junto con el acuerdo que la acompaña, es el resultado de más de un año de negociaciones entre la Policía y el Gobierno estadounidense. Entre los acuerdos tentativos está la designación de un equipo asesor técnico de cumplimiento (ATC) que será pagado con fondos estatales y que se encargará de supervisar la reforma policial y de mantener informado al Tribunal Federal sobre el progreso de los trabajos.

El acuerdo establece como meta un término de cinco años para la implantación de las medidas de reforma a la Uniformada. Entre otras cosas, el acuerdo busca la profesionalización de los agentes y cambios en varios procedimientos, incluyendo el uso de la fuerza, allanamientos, supervisión y...

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