Complicado debate ante el Supremo

WASHINGTON.- Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense debatieron ayer el reclamo de documentos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo el complicado escenario de si el ente fiscal está inmune a las solicitudes judiciales de información pública que aplican al gobierno electo de Puerto Rico.Los jueces barajaron durante una hora sus mismas dudas sobre cómo enfrentarse a los argumentos de la JSF, que controla las finanzas públicas, que insiste en que el derecho común otorga inmunidad a una entidad "territorial" como la Junta, y del CPI, que afirma principalmente que la ley Promesa abrió la puerta a que cualquier acción en contra del ente fiscal puede llevarse ante el Tribunal Federal en el distrito del territorio cubierto por el estatuto.Ante el tribunal, está el pedido de la JSF para que revoque la determinación del Primer Circuito que validó el reclamo del CPI de que por medio de la misma ley Promesa que creó el ente fiscal y un tribunal territorial para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, el Congreso le quitó a la Junta cualquier aspiración de ser inmune a reclamos judiciales."La Junta no es inmune porque el texto de Promesa dice claramente que la Junta será parte demandada en todo tipo de acciones, especialmente constitucionales", indicó Sarah Harris, la abogada que argumentó a nombre del CPI y pertenece al bufete Williams & Connolly.A nombre de la JSF, Mark Harris -del bufete Proskauer Rose-, sostuvo que para poder decir que el Congreso le quitó inmunidad a la JSF debió ser una acción "clara e inequívoca", como la jurisprudencia dice que ocurre en el caso de los estados. "No hay nada (en esa sección de la ley) que se le acerque (a una acción clara e inequívoca)", sostuvo Mark Harris.El gobierno de Joe Biden le dio la razón a la JSF en torno a que no hay una renuncia de inmunidad en la ley Promesa. "Al igual que con la inmunidad federal, estatal y tribal, cualquier renuncia o derogación de la inmunidad soberana de Puerto Rico requiere una declaración clara. La Sección 106(a) de Promesa no incluye esa declaración", indicó la procuradora general adjunta, Aimee Brown.Pero, la procuradora general adjunta recomendó al tribunal que devuelva el caso a una corte inferior para determinar el tipo de inmunidad soberana que aplica a los territorios o si la renuncia que hiciera el gobierno de Puerto Rico a su inmunidad en reclamos de información pública -por medio de su...

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