Comunidades exigen más poder
Por Aurora Rivera Arguinzoni
arivera@elnuevodia.com
Para cambiar este escenario, que históricamente ha forzado a sectores con menos poder a luchar por los recursos y por el ambiente, las comunidades tienen que ampliar y fortalecer sus alianzas de modo que puedan reclamar contundentemente al Gobierno hacer lo que le toca y distribuir mejor el poder.
Estas ideas fueron la constante ayer durante las presentaciones y los diálogos de la conferencia "Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico". El evento, organizado por la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.
"Veo esto hoy como una nueva era de colaboración y de más agresividad. El Gobierno está ahí para ayudarnos, está ahí por nosotros, lo que hay es que ser más agresivo con el Gobierno, exigirle al Gobierno, y estas alianzas de las que estamos hablando es la forma de hacerlo", declaró el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.
Lugo participó junto a Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, al planificador José Rivera Santana y a Josen Rossi, presidente de la empresa de servicios de construcción Aireko, en un panel intersectorial moderado por el periodista José Javier Pérez, editor de El Nuevo Día.
"Tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función en rigor de lo que a nuestro juicio debe ser una agenda y un proyecto de país que responda a los intereses de la mayoría del país", coincidió Rivera Santana.
"Pero por otro lado, tenemos que fortalecer la capacidad de los ciudadanos y de las comunidades para poder tener el poder y los instrumentos políticos para hacer ese reclamo. Sin fuerza política y ciudadana organizada, es cuesta arriba lograr esas transformaciones", agregó el planificador.
Se considera justicia ambiental la distribución equitativa de las cargas y los beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, tomando en cuenta las situaciones de cada comunidad, las capacidades de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones que les afecten.
De acuerdo con una catedrática en planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el concepto de justicia ambiental aún no se ha adoptado del todo en la Isla. "Aquí la gente no le reclama al Gobierno de Puerto Rico que el desarrollo de tal proyecto constituye un problema de injusticia ambiental para unas comunidades. Sin embargo van al...
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