Conservadores contra la Junta
WASHINGTON.- Once grupos conservadores, incluso algunos que denunciaron los manejos del gobierno de Puerto Rico y pidieron controles, ahora reclaman al Congreso que presione a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las decisiones financieras públicas de la isla y pida la destitución de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.
En una carta al Congreso, encabezada por la organización Hispanic Leadership Fund, los grupos afirmaron que la JSF ha ignorado “los preceptos básicos establecidos en (la ley) Promesa: precisión, transparencia y la creación de un plan creíble para el regreso del pueblo de Puerto Rico a los mercados de capital”.
En vez de cuestionar a los siete miembros con derecho al voto en la JSF, las organizaciones conservadoras culpan a Jaresko, cuestionan su salario de $625,000 anuales, sus ganancias en un fondo de inversiones en Ucrania y censuran la posibilidad de que se aumenten el presupuesto del ente a $60 millones anuales.
Al referirse a Jaresko, aluden al interrogatorio que le hiciera en noviembre el demócrata boricua Luis Gutiérrez (Illinois), cuando la directora ejecutiva de la JSF –una exministro de Finanzas de Ucrania– no pudo responder detalles sobre el efecto de las normas federales de cabotaje en la economía puertorriqueña.
En momentos en que cerca de un 11% de la población, según los estimados del gobierno, sigue sin servicio de energía eléctrica, pidieron al Congreso que convoque a una audiencia para determinar si la JSF cumple con la intención y los mandatos de Promesa, y “como mejorar el proceso de reestructuración”.
La carta está firmada también por la Asociación de Jubilados 60 Plus, Taxpayers Protection Alliance, Frontiers of Freedom, Market Institute, Americans for Limited Government, Center for Freedom and Prosperity, Independent Women’s Voice, Consumer Action for a Strong Economy, e Independent Women’s Forum.
Hispanic Leadership Fund y la Asociación 60 Plus –como hicieron entonces grupos de acreedores, que desarrollaron una campaña publicitaria en Washington–, estuvieron entre los grupos que acusaban de irresponsabilidad fiscal al gobierno de Puerto Rico y se opusieron a que las empresas públicas de la isla tuvieran acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
En medio de la campaña en contra del gobierno de Puerto Rico organizada por la firma de relaciones públicas DCI Group, Mario López, presidente del Hispanic Leadership Fund, llegó a describir al entonces gobernador Alejandro García...
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