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Consultor al mando de la AEP

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Vincent

El director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Amílcar González Ortiz, no tiene un salario como jefe de esa agencia, pero devenga $7,000 mensuales mediante un contrato de consultoría que firmó a finales de marzo con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Este sería, al menos, el segundo contrato para un jefe de agencia bajo la administración del gobernador Ricardo Rosselló. El primero que se conoció fue el de la secretaria de Educación, Julia Keleher, quien, además de ese puesto, obtuvo un contrato como asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

El contrato de González Ortiz, como el de Keleher, vence el 30 de junio, pero el del director de la AEP con el BGF es por una suma máxima de $25,000. El de Keleher asciende a $125,000.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con González Ortiz, pero no estuvo disponible. Sin embargo, su portavoz, Karixia Ortiz, confirmó la contratación.

Existen más paralelismos entre los contratos de González Ortiz y Keleher: ambos acuerdos los dio a conocer la prensa, no La Fortaleza. Asimismo, los dos surgieron para lidiar con escollos para ubicarlos en puestos gubernamentales.

Keleher reconoció que comunicó al gobierno que el salario base de $80,000 como secretaria de Educación no era suficiente para ella, mientras que el contrato de González Ortiz surgió luego de que en febrero pasado, días después de que el gobernador anunciara su nombramiento, trascendiera que este no podía dirigir la AEP.

González Ortiz se acogió en el 2012 a la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento de 2010, que establece que una vez el empleado público recibe este beneficio de retiro temprano, no puede reingresar al gobierno por un término de cinco años. Esto trascendió el 8 de febrero, ocho días después de que Rosselló informara su nombramiento.

En ese entonces, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, dio cuenta de que el Departamento de Justicia había emitido una opinión que establecía que González Ortiz podía estar en funciones en la AEP por servicios profesionales para así no incumplir con la Ley 70. El estatuto establece que “cualquier empleado de corporaciones públicas o agencias… que se acoja a un programa aprobado será inelegible para reingresar al servicio público como empleado de confianza, de carrera, transitorio o irregular de cualquier entidad del Gobierno de Puerto Rico por el término de cinco años a partir de la fecha de efectividad de...

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