Consumada la muerte del BGF

Cuando la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) completó la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el jueves pasado, cerró en definitiva la caja que trajo consigo buena parte de los males fiscales de Puerto Rico.Al menos, eso es lo que creerá quien haya leído el reporte del investigador especial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acerca de la deuda pública de Puerto Rico y las razones para el colapso financiero de su gobierno.De acuerdo con el informe del investigador Kobre & Kim, que costó al menos unos $7 millones en dinero de los contribuyentes, pero cuyas recomendaciones no han sido parte de la formulación de política pública en materia financiera de la isla, las posturas asumidas por el BGF y sus oficiales, a lo largo del tiempo, contribuyeron a una cultura de incumplimiento de parte del gobierno y sus distintas instrumentalidades públicas.Según el análisis de Kobre & Kim, a pesar de que el BGF contó con funcionarios conocedores de temas financieros, a menudo, estos quedaron privados de implementar las medidas adecuadas para asegurar la continuidad del banco y evitar la práctica de cubrir con deuda los déficits presupuestarios o la falta de liquidez en corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación.La debilidad del BGFAsimismo, los investigadores concluyeron que si bien desde el año 2001, el BGF tenía facultades en ley para exigir a las agencias y corporaciones públicas cumplir con parámetros de buena gestión y rendir cuentas de cómo utilizaban el dinero que tomaban prestado en el mercado municipal, en la práctica, el BGF no tenía los recursos para fiscalizar tales entidades."No encontramos evidencia significativa de que el BGF tuviera un proceso efectivo para supervisar aspectos importantes de la salud fiscal (de las entidades relacionadas con el gobierno), o para imponer responsabilidades por el repago de su deuda", reza el informe de Kobre & Kim."No encontramos evidencia de que el BGF, en su capacidad como agente fiscal, buscara subsiguientemente verificar qué las entidades relacionadas con el gobierno hacían realmente con los fondos de esos préstamos después de que los recibían", reza el documento.Según Kobre & Kim, a partir del año 2009, bajo la administración de Luis G. Fortuño, el BGF suscribió varios acuerdos de fiscalización (FOA, en inglés) -que ahora resultarían similares a los planes fiscales que la JSF pide...

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