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Contralor halla pagos indebidos

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Vincent

El poco rigor y transparencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la administración de contratos la llevó al irregular desembolso de $2,307 millones, según desveló un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).El desembolso más grande entre los cuestionados por la Oficina del Contralor es de $2,301 millones, depositado a las cuentas de una empresa que fue convicta en el 2006 y que, por lo tanto, estaba impedida de realizar contratos con el gobierno de Puerto Rico.El dinero llegó a esa compañía porque, por virtud del procedimiento de la AEE para tramitar las cesiones de fondos, la corporación pública tiene la discreción de autorizar que el pago a un proveedor se le transfiera a un tercero, que puede ser una persona natural o jurídica.Este procedimiento fue aprobado el 19 de junio de 2002, cuando el director ejecutivo de esta corporación pública era Héctor Rosario.Según la OCPR, entre el 22 de diciembre de 2011 y el 27 de septiembre de 2013, la Autoridad consintió siete cesiones de fondos, correspondientes a 233 desembolsos, a favor de la compañía convicta. Durante ese periodo de tiempo, la corporación pública estuvo dirigida por Otoniel Cruz Carrillo, Josué A. Colón Ortiz y Juan Alicea Flores.Como es la costumbre de la Oficina del Contralor, el informe no revela el nombre de los dos proveedores que solicitaron la cesión de los pagos de sus contratos a la compañía convicta. Tampoco menciona el nombre de la empresa condenada por delitos penales.Sin embargo, tanto en vistas judiciales como en el Senado de Puerto Rico celebradas entre 2016 y 2017 trascendió que transferencias electrónicas que la AEE hacía para pagarle a la compañía Petro West por el despacho de combustible se hacían a nombre de Petro West/Trafigura.La empresa Trafigura resultó convicta en el 2006 en Texas por declaraciones falsas en aduana sobre la entrada de bienes. La empresa se declaró culpable y tuvo que pagar una multa penal de $8 millones y asumir una pérdida de $9,937,551.La Ley 458 de 2000 establece que ninguna entidad del gobierno, corporación pública o municipio puede adjudicar subasta o contrato a ninguna persona, natural o jurídica, que haya sido convicta o se haya declarado culpable de delitos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.La AEE no pudo decirle ayer a El Nuevo Día el nombre del otro proveedor, que según la OCPR, solicitó entre 2011 y 2013 cesiones de fondos a Trafigura.El informe detalla que a...

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