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Controversia por elementos de identidad boricua

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Vincent

KISSIMMEE/DAVENPORT.- La lucha de una veterana de guerra puertorriqueña por mantener ondeando, frente a su casa en Kissimmee, una bandera de Puerto Rico y las denuncias de empleadas boricuas del Departamento de Salud, en el Condado de Polk, a quienes se les prohíbe hablar español son ejemplos de cómo elementos de identidad nacional pueden, en ocasiones, crear conflictos cuando se manifiestan en otro contexto geográfico.Antier, siete mujeres puertorriqueñas que laboran en una clínica del Condado de Polk del Departamento de Salud de Florida denunciaron a El Nuevo Día que, en su centro de trabajo, se les prohibió comunicarse en español, ni siquiera en conversaciones informales y privadas, y que han sido amenazadas con ser despedidas.Esta misma semana, la sanjuanera Frances Santiago, una veterana del Ejército de los Estados Unidos, enfrenta una batalla con la asociación de residentes de su urbanización, que le exige que desmonte la bandera de Puerto Rico que colocó frente a su residencia, tomando como base una regla que no aparece escrita por ninguna parte. Sólo consta por escrito un estatuto que prohíbe todas las banderas a menos que haya una autorización de esa asociación."A los anglosajones les hablamos en inglés por cortesía, pero entre nosotras hablamos en español, pues nuestro cerebro piensa en español. Pero un día nos reunieron y nos advirtieron que si continuábamos haciéndolo, nos iban a cesantear", relató la asistente médica Mairylí Miranda, natural de San Juan, y quien vive hace 15 años en Florida.Suscribieron la denuncia Laura Rivera, oficial administrativa de Comerío; María Rivera, secretaria mayagüezana; y Débora Torres, enfermera de Río Grande. Además, Irkania Orama; Gloria Maunez, enfermera de Mayagüez y la arecibeña Nilian Quiñones, también enfermera.Lo irónico de esto es que cuando fueron reclutadas en ese centro de salud, uno de los requisitos para la contratación era que hablaran español, dijo la enfermera Maunez, quien reside aquí hace 15 años."Florida se beneficia de los 1.3 millones de puertorriqueños que viven aquí, muchos de los cuales son bilingües. Esta habilidad es crítica para proporcionar servicios gubernamentales de alta calidad, sobre todo médicos. Decir ahora que no se puede usar (el idioma español), es algo irrespetuoso, discriminatorio y que afectará el reclutamiento de personal bilingüe altamente calificado", dijo el puertorriqueño Darren Soto, congresista de Florida.Nicole Riley, portavoz de prensa del...

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