Corte de fondos atenta contra miles de jóvenes
Tienen entre 13 y 21 años, viven con su madre, mayormente son varones, el ingreso en su hogar está por debajo del nivel de pobreza y residen en comunidades en necesidad, donde conviven con la desigualdad y la marginación, en lo que parece ser un camino sin salida.
El sistema educativo les falló. A algunos de ellos, en más de una ocasión. Un sistema que no respondió a sus características y necesidades ni fue exitoso en identificar sus talentos, lanzándolos a la deserción escolar, situación cuyas ramificaciones pueden ser múltiples y complejas.
Esta población –que prácticamente ha sido descartada por el sistema educativo público– es con la que, precisamente, trabajan las organizaciones que componen la Alianza para la Educación Alternativa, iniciativa que permitió la incorporación del modelo de enseñanza alternativo al sistema público.
“Aquellos que están en las peores situaciones se van a ir a la calle y a nosotros, que somos casi la única alternativa que ellos tienen, se nos está reduciendo el presupuesto que va a dirigirse a ese estudiante que la escuela tradicional no puede atender”, señaló Francisco Rodríguez, director de las tres escuelas alternativas de ASPIRA.
Fue en el 2013 que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 213 con la intención de garantizar una fuente de ingresos permanentes que, contrario a lo planteado en el estatuto, ha sido víctima de los vaivenes políticos, provocando un recorte continuo de fondos y, por ende, una merma en su alcance.
“Logró el reconocimiento de que todos los jóvenes tienen derecho a una educación de calidad, estén dentro del sistema o, por alguna razón, se hayan salido... siguen teniendo derecho a una educación de calidad y la Ley 213 viene a validar ese derecho. Por eso es importante defender ese espacio que se ha ganado”, dijo Josué McGrath, director de Desarrollo de Nuestra Escuela.
De la asignación anual de $12 millones estipulada en la ley, durante el año fiscal en curso la Alianza recibió $9 millones, reducción que conllevó unos ajustes. Sin embargo, ante la crisis fiscal que atraviesa el gobierno, la propuesta para el 2017-2018 es de $7 millones, lo que se traduciría en el cierre de algunas de las 11 instituciones que operan a través de la isla.
“El impacto ha sido dramático... y no se trata de nosotros como institución sino de los estudiantes que son los que pierden y, al final, quien pierde es Puerto Rico”, dijo Pedro Morales, vicepresidente asociado de P.E.C.E.S.
P.E.C.E.S impacta a cerca de...
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